Buenos Aires, 13 Abr. — En un acto de fuerte tinte político con el que volvió a ocupar la escena pública, la expresidenta argentina Cristina Fernández se consideró víctima de una persecución judicial que busca enviarla a prisión y arremetió contra su sucesor Mauricio Macri.
Tras comparecer ante el juez federal Claudio Bonadío por supuesto fraude al Estado, la exmandataria, de 63 años, afirmó desde un escenario montado cerca de los tribunales y ante una enfervorizada multitud de simpatizantes: «Estén todos tranquilos…me pueden meter presa pero no me van a callar».
Fernández presentó un escrito en su defensa ante Bonadío, que la citó como sospechosa de haber participado en una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77.000 millones de pesos (unos 5.273 millones de dólares al cambio actual).
En el escrito Fernández, que carece de fueros que le otorguen inmunidad, refutó la acusación de «asociación ilícita» que pesa sobre ella, que contempla penas de cinco a 20 años de prisión, al sostener que «es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido» Bonadío «y revela además la intención del gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de plantar… una causa penal que me prive de la libertad».
Según indicó, la operación de venta de dólar futuro «no produjo en el Banco Central…pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos (sic) a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar», afirmó en referencia a la fuerte depreciación del peso ocurrida a fines de 2015, cuando Macri levantó las restricciones al mercado de cambio que Fernández había impuesto durante su mandato.
La expresidenta criticó a Macri, que la sucedió el 10 de diciembre, por haber aplicado un ajuste que ha llevado a la pérdida de las «conquistas sociales» que ella logró durante su gestión (2007-2015) y acusó al Poder Judicial de haberlo protegido al no tener en cuenta denuncias en su contra en el pasado.
También cuestionó al mandatario por haber aparecido en una lista de personalidades con compañías abiertas en paraísos fiscales. A raíz de ello, un fiscal le imputó a Macri haber omitido su relación con dos firmas en sus declaraciones anuales de impuestos, acusación que el gobernante refuta y que debe ser evaluada por un juez.
«Nunca he visto tantas calamidades en 120 días», dijo Fernández en alusión a la aceleración de la inflación, uno de los principales problemas gestados en su mandato, y los miles de despidos ocurridos en el sector público y privado desde la asunción de Macri.
Fernández llamó a crear «un frente ciudadano amplio» en el que «no se le pregunte a nadie de qué partido es» para que reclame ante el Congreso «los derechos arrebatados».
La expresidenta volvió al ojo público luego de permanecer recluida cuatro meses en una de sus residencias de la Patagonia.
Entre los congregados con carteles que rezaban «No la toquen a Cristina» y «Vamos a volver» estaban jóvenes de la agrupación La Cámpora, miembros del opositor Frente para la Victoria (FPV), exministros y agrupaciones sociales.
No estuvieron integrantes del FPV que se han despegado de Fernández ni gobernadores provinciales peronistas que se han acercado a Macri.
«Es una causa política», dijo a The Associated Press Paula Aiello del Partido Humanista, aliado del FPV, que fue a dar su apoyo a Fernández.
Bonadío tiene 10 días para decidir si procesa o libera de cargos a Fernández, quien presentó un pedido de recusación contra el magistrado sobre el que eventualmente se pronunciará un tribunal.
Por el caso también están imputados el exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli.
Tras la asunción de Macri, el cerco judicial se estrechó sobre la exmandataria y ex funcionarios por jueces que tenían frenadas las causas y que con el cambio político las activaron.
Fernández tiene otros frentes abiertos en la justicia, como la imputación por presunto lavado de dinero luego de que un detenido la involucrara en esa maniobra irregular junto a su marido y antecesor en el cargo Néstor Kirchner (2003-2007).
Bonadío la investigó en 2015 para determinar si incurrió en lavado mediante el alquiler ficticio de habitaciones de sus hoteles en la Patagonia. El magistrado fue apartado de la causa por un tribunal al considerar que cometió irregularidades y la investigación quedó en manos de otros jueces que no han tomado por el momento ninguna medida procesal contra la exmandataria.
Al sentirse víctima de una ofensiva kirchnerista, Bonadío, quien en otras ocasiones ha sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su proceder en otras investigaciones, denunció que podía ser víctima de un asesinato.
AP