Brasilia, 31 Ago. — El Senado de Brasil declaró el miércoles a la presidenta Dilma Rousseff culpable de violar leyes presupuestarias y la removió formalmente de su cargo, en la culminación de un juicio político que ha polarizado a la mayor economía de América Latina.
Con 61 votos a favor y 20 en contra, el Senado puso fin a 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en el país más grande de América Latina.
La decisión del Senado, además, habilita al conservador Michel Temer, actual presidente interino, a terminar el mandato de Rousseff, que finalizaba en 2018.
La primera presidenta de Brasil negó insistentemente los cargos y denunció el juicio como un golpe de Estado que pretende proteger los intereses de la elite económica y deshacer los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de brasileños.
En cambio, sus rivales destacaron la necesidad de dar vuelta la página tras una larga crisis política, acompañada por la peor recesión económica en generaciones y un masivo escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Temer, que ha servido como presidente interino desde que en mayo comenzó el juicio en el Senado, se ha comprometido a impulsar una economía que acumula seis trimestres consecutivos contrayéndose y a poner en práctica medidas de austeridad para tapar un déficit presupuestario récord, que costó a Brasil la calificación de grado de inversión el año pasado.
El miércoles, el Gobierno dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 0,6 por ciento en el segundo trimestre, colocando a la economía en camino a su mayor y más dura recesión en más de un siglo.
Pese a todo, las expectativas de que el estancamiento político pueda acabar pronto tras la salida de Rousseff ayudaron a impulsar la inversión, que se expandió en el segundo trimestre por vez primera en tres años.
El Senado se disponía a votar más tarde el miércoles si se le prohíbe a Rousseff ejercer cargos públicos por ocho años.
Según la Constitución, una presidenta destituida puede perder sus derechos políticos por ocho años, lo que le impediría ocupar cualquier puesto en el Gobierno e incluso enseñar en las universidades.
Reuters