Alvarez Barba fue posesionado como Subprocurador de Supervisión e Intervención

 

El Alto, 2 de mar .- El procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich, posesionó hoy a Aimore Alvarez Barba como Subprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE) en acto público realizado en su Auditorio Manuel Morales Dávila ubicado en la ciudad de El Alto.

En su intervención, el Procurador General destacó los logros de institución en sus tres áreas de acción, defensa legal internacional, desarrollo de nueva normativa legal y la defensa de los intereses del Estado en procesos judiciales nacionales.

“El mes de marzo es un mes especial y de fervor cívico para todos nosotros porque tenemos que participar de esta historia que estamos escribiendo de la mano de nuestro presidente Evo Morales y eso no es otra cosa que la demanda marítima”, indicó Menacho.

Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, rememoró la historia de la PGE destacando la labor que cumple en la defensa legal del Estado, a nivel nacional como internacional desde su nacimiento como Ministerio de Defensa Legal.

“En esta nueva forma de concebir la Patria, de concebir el Estado, se tiene que defenderlo, protegerlo y cuidarlo a diferencia de lo que muestra la historia de nuestra vida republicana”, añadió.

El nuevo Subprocurador de Supervisión e Intervención se comprometió a cumplir los desafíos y tareas en la defensa legal del Estado en los procesos judiciales nacionales.

Aimore Alvarez Barba es abogado de profesión, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y cuenta con una Maestría en Derecho Empresarial y de los Negocios Internacionales.

Hasta la fecha se desempeñó como Director Departamental de la Procuraduría en Santa Cruz, el año 2008 fue Asesor Especialista en Defensa y Arbitraje del Ministerio Sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.

La Procuraduría General del Estado es una institución jurídica pública que cumple la alta función constitucional de defensa legal del Estado boliviano. Es responsable de promover, precautelar y defender los intereses patrimoniales del Estado, sea judicial o extrajudicialmente en resguardo de la soberanía boliviana.

Cuenta en su estructura orgánica con tres subprocuradurías: de Defensa y Representación Legal del Estado; de Supervisión e Intervención; y, de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa.

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