La Paz, 9 Nov. — El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el miércoles que el empresario y opositor Samuel Doria Medina hizo una «confesión de culpa» al admitir la creación de una empresa en Panamá para la venta de acciones de la cementera Soboce al Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), sin pagar en Bolivia el total de impuestos por ese negocio.
«Lo que ha hecho es confirmar absolutamente cada una de las denuncias que hicimos» y su declaración «es una especie de acta de confesión de culpa, de parte de Doria Medina, como evasor de impuestos», dijo el mandatario en una conferencia de prensa.
El martes, García Linera denunció que la familia Doria Medina creó una empresa en Panamá, denominada Akapana S.A., para evadir impuestos en Bolivia, por 54 millones de bolivianos, de la venta de acciones de Soboce, en 2005.
El montó declarado ante el Estado por la venta de esas acciones fue de 80 millones de bolivianos, pero la ganancia real fue de 297 millones según la denuncia realizada el martes.
Doria Medina admitió que su familia creo la empresa Akapana S.A. y la venta de acciones de Soboce a esa firma en un precio menor al que pagó después el grupo mexicano, pero aseguró que la transacción se hizo en conformidad entre ambas cementeras.
«Es legítimo vender más caro, pero los impuestos elevados que debía haber pagado ya no los pagó, porque la transacción se hace en Panamá. La transacción que se hace en Bolivia es a impuestos bajos, la transacción que se hace en Panamá, con los mexicanos, es a precio alto, pero eludiendo y evadiendo el pago de esos impuestos», explicó.
García Linera adelantó que la ley determinará cuál es la sanción que debe recibir Doria Medina por la evasión de impuestos; sin embargo, dijo que el mayor castigo es el moral, de parte de la población boliviana.
«Aunque hayan pasado 50 años, le robó a los bolivianos, no pagó impuestos. Más allá de la sanción legal que yo no la defino, la define los organismos pertinentes, yo lo dejo en manos de ellos, está la sanción moral de los ciudadanos», enfatizó.
El mandatario dejó en claro que no importa si el delito es reciente o de hace varios años, por el pueblo es quién juzgará el accionar del acérrimo opositor del Gobierno.
«Que haya prescrito o no yo no lo defino, que lo defina el organismo pertinente, pero en la cabeza del ciudadano boliviano no prescribe nunca, no puede prescribir el delito de robo, la defraudación cometida por un ricachón», manifestó. / ABI