El Alto, 2 jun — El cabildo impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y juntas vecinales de La Paz determinó mantener su pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, descartó asistir al diálogo convocado por el Gobierno y demandó la liberación de los detenidos en conflictos sociales.
“Ante la incapacidad de resolver las demandas planteadas previamente, se pide, exige, la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira”, señala una de las conclusiones del cabildo.
La asamblea se realizó este martes a la altura del peaje de la Autopista El Alto – La Paz, donde participó el presidente de una de las Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, algunos dirigentes campesinos y una de las dirigencias de la Fejuve de la urbe alteña, que está dividida.
En el cabildo también participaron los dirigentes afines al expresidente Evo Morales, el secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Feliciano Vegamonte; la presidenta de las Seis Federaciones del Trópico, Wilma Colque; y el dirigente cocalero Dieter Mendoza.
El cabildo fue impulsado por las juntas vecinales del distrito 8 y 14, donde mineros de Colquiri, evistas y campesinos mantienen los puntos de bloqueo, mientras que los dirigentes del resto de las juntas vecinales no asistieron al encuentro.
Además de la renuncia de Paz, los asistentes al cabildo resolvieron exigir la inmediata liberación de las personas detenidas durante los conflictos sociales, garantizando el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución Política del Estado.
Asimismo, demandaron el cese de cualquier acto de persecución o amedrentamiento contra los dirigentes vecinales, organizaciones sociales y ciudadanos movilizados en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
A la vez, pidieron la adopción inmediata de medidas destinadas a garantizar el abastecimiento regular del combustible, la estabilidad de los productos de primera necesidad y la protección de la economía familiar.
También declararon un estado de emergencia movilizado permanente, reservándose el derecho de asumir nuevas medidas de presión democráticas determinadas por las bases, en caso de incumplimiento de las demandas expresadas en la resolución.
ANF