La Paz, 25 abr — Los alcaldes de siete ciudades capitales del país solicitaron al Gobierno central dejar sin efecto, de forma temporal, al menos seis disposiciones que incrementan los gastos de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs). Además, solicitaron crear un fondo para la atención del déficit de transferencias de recursos económicos.
Otro punto que demandan es el pago de salarios al personal de atención en salud de los hospitales de primer y segundo nivel, además respetar las competencias en la prestación de servicios estratégicos, suprimiendo intervenciones irregulares como ocurre en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).
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«El gobierno central que deberá de manera inmediata crear un fondo para la atención del déficit de transferencias. Dejar sin efecto de manera transitoria el límite de gasto de funcionamiento, revisión del sistema tributario de las ETAS, derogación del artículo 11 de la Ley 767, revisión de los aportes que hacen los municipios a través del descuento del IDH para la renta dignidad a, fondo cívico, seguridad ciudadana, bono a las personas con discapacidad», dice la nota que fue publicada por el alcalde de La Paz, Luis Revilla.
La carta está firmada por los alcaldes de Santa Cruz, Angélica Sosa; de La Paz, Luis Revilla; de Cochabamba, Iván Tellería; de Trinidad, Mario Suárez; de Tarija, Alfonso Lema; de Sucre, Rosario López y de El Alto, Soledad Chapetón. Las medidas que piden suprimir temporalmente son las siguientes: a través del Decreto Supremo 29400 del 2007, los municipios deben aportar con el 30% de los recursos del IDH para el Fondo de la Renta Universal de Vejez.
El 2011 se aprobó la creación del Fomento a la Educación Cívico Patriótica que es financiado con el 0,2% de los recursos de los gobiernos departamentales, municipales y universidades. El 2017, mediante Decreto Supremo 3437 el Gobierno central dispuso que el pago del bono mensual para las personas con discapacidad sea con recursos institucionales de los municipios.
La Ley de seguridad Ciudadana determina que los municipios deben invertir al menos el 10% del IDH para el equipamiento, infraestructura y dotación de vehículos para la Policía Boliviana. El 12% de los recursos del IDH son destinados para la exploración y explotación hidrocarburífera, esta disposición confisca los recursos de las nueve gobernaciones y de 338 gobiernos municipales del país.
Además, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización los municipios deben equipar, dotar de infraestructura y el mantenimiento de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel, siendo responsabilidad del Gobierno central.
«En conclusión se aumentaron las responsabilidades en materia sanitaria para los gobiernos municipales, sin incrementar los recursos financieros ni cumplir con las competencias asignadas en lo que se refiere a la dotación y financiamiento en recursos humanos en la atención de salud», advierten las autoridades ediles.
El 2020 se redujo Bs 2.000 millones de coparticipación tributaria, Bs 1.000 millones por la transferencia del IDH, Bs 1.000 millones de recursos propios, Bs 1.200 millones de la inversión pública, haciendo una suma de Bs 6.000 millones de déficit.
Ante estos gastos que deben enfrentar, apuntan que la llegada de la pandemia por el coronavirus significó responder de forma inmediata al sistema de salud con presupuestos de los municipios, sin tener el respaldo permanente de las autoridades del Ejecutivo.
Finalmente, cuestionaron que en más de tres años de debate sobre el Pacto Fiscal no se haya llegado a un acuerdo para la redistribución de los recursos económicos a los gobiernos departamentales y municipales.
Agencias