La Paz, 13 jun — La estrategia boliviana que puso en marcha el Gobierno para sancionar penalmente al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusado por delitos de lavado y soborno en los Estados Unidos por la compra de gases antimotines en Bolivia con sobreprecio de $us5.6 MM, es que no acceda a la libertad condicional, informó el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.
“La estrategia nuestra es que no salga (de la cárcel) y vamos a pelear por esto ante los juzgados en los Estados Unidos”, declaró contundente la autoridad a la televisión gubernamental BTV.
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La audiencia judicial que estaba prevista para las 10:00 de la mañana del pasado lunes 7 de junio, se realizará recién el 9 de julio a la misma hora.
El acto procesal tendrá lugar en el Tribunal de Distrito Sur de Florida y Murillo comparecerá ante la jueza federal Alicia M. Otazo-Reyes quien determinará si la exautoridad podrá salir en libertad para asumir su defensa, paga una fianza o continúa detenido.
Chávez dijo que la armadura legal que está en marcha no permitirá que Murillo se defienda en libertad, aunque dijo que, salir con medidas cautelares en la nación del norte, es riguroso y complicado ya que deben llevar en el tobillo un sensor electrónico que reporta, cada minuto, donde se halla el sujeto.
Deben pagar además sumas millonarias por concepto de fianza, que superaría incluso el medio millón de dólares y entregar en custodia, almenos, dos bienes inmuebles.
NEGOCIADO ASQUEROSO
La compra con sobreprecio de gases antimotines en 2019, fue un “negociado asqueroso”, dijo también el Procurador del Estado.
Justificó la postura cuando revelo que los Bancos en los EEUU rechazaron la transferencia de fondos por más de $us5.6 MM que costaron al Estado la compra de los gases antimotines.
De este monto, $us2.3 MM fueron a parar en comisión a manos del exministro Murillo y otras cinco personas más que están involucradas en los delitos.
“Antes ya se había hecho rechazar (Murillo) un pago que habían abonado (por los gases) con más sobreprecio, y el sistema económico bancario rechazo un pago que ya se hizo y (entonces se vieron en la necesidad de) rebajar el monto (del sobreprecio de $us5.6MM) viendo que no podían hacer el negociado (a un precio tan alto) y creo que se bajan $us1MM”, reveló la autoridad de Estado.
En este sentido reitero que el gobierno inicio un juicio civil en paralelo en juzgados de los EEUU para recuperar los fondos fiscales que se repartieron Murillo y otras cinco personas bajo el concepto de comisión.
Según Chávez el daño que promovió el exministro Murillo no fue cualquier perjuicio, sino lo hizo en plena pandemia del coronavirus (Covid-19).
“Era algo meditado, aquí no hay duda de que habido un negociado asqueroso y sobre eso tenemos que cuantificar un daño (económico) adicional”, subrayó Chávez.
AUDIENCIA DEL 9 DE JULIO
El Procurador dijo también que la audiencia programada para el próximo 9 de julio en los EEUU, es posible que pueda sufrir una nueva postergación.
“Es probable, hay posibilidades que se postergue, depende del avance de la estrategia del Ministerio Público de los EEUU sobre las investigaciones. Nosotros vamos a estar atentos con nuestros abogados allá”, comentó.
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