La Paz, 28 mar. — El diputado Amilcar Barral planteó peticiones de informe a cuatro ministros de Estado y al Procurador General del Estado sobre los gastos en la demanda marítima, el Gobierno bajo el argumento de “confidencialidad” le negó la información; sin embargo, “extrañamente” proporcionó los datos a dos diputados “funcionales” al MAS con el objetivo de atacar a Carlos Mesa, afirmó.
El legislador proporcionó a ANF los documentos de sus peticiones de informe dirigidos a los ministros de Relaciones Exteriores, de la Presidencia, de Comunicación, de Justicia y a la Procuraduría General del Estado, en los que solicitó información acerca de los gastos en la demanda marítima boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La respuesta de la Cámara de Diputados fue: “que la mencionada petición de informe, recae sobre aspectos que tiene que ver con la confidencialidad de la información conforme establece en el Decreto Supremo 1747, de 2 de octubre de 2013”, prácticamente era un tema de «secreto de Estado», declaró el legislador.
Dicha norma señala que por «la naturaleza estratégica de las actuaciones del Estado en materia de la reivindicación marítima, la Dirección Estratégica Marítima resguardará la confidencialidad de la información identificada y generada en el curso de sus actividades y contrataciones».
El diputado Wilson Santamaría presentó este miércoles las respuestas a una petición de informe escrito sobre los recursos económicos destinados a la vocería ejercida por el expresidente y actual candidato presidencial, Carlos Mesa, durante la demanda marítima boliviana.
Además, en el informe la Cancillería detalla el presupuesto para el personal que colaboró con Mesa durante el desempeño de las funciones que le pidió y encomendó el presidente Evo Morales a lo largo del litigio de Bolivia contra Chile.
Barral manifestó que es «totalmente extraño» que el Gobierno ahora otorgue la información, pero solo de los recursos destinados a Mesa y no el detalle de todo el presupuesto que se ejecutó en la demanda marítima.
ANF