El Alto, 3 sep — El concejal por Unidad Nacional (UN), Antioco Cala, informó el martes que el ministerio Público notificó a 11 concejales para que presten declaraciones en el marco del proceso que se ventila en juzgados contra el expresidente del Concejo Municipal, Marcelo Fernández, y el concejal Javier Tarqui (Sol.bo) por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica debido a alteraciones a la Resolución Municipal 092/2018 referida a la administración de personal del Legislativo edil.
La querella fue instaurada, por separado, por la alcaldesa Soledad Chapetón y el diputado Rafael Quispe luego que se detectara “modificaciones” a la Resolución 092/2018 aprobada en la Sesión 042 del Legislativo edil.
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«Por la Resolución 092/2018 refleja montos que no hemos aprobado en la sesión Nº 042, teníamos 243 ítems y el presupuesto es de Bs 774.000 posteriormente se hace un análisis económico y se evidencia un incremento de 3 ítems más, llegando a sumar 246 ítems, que fue favorecido el concejal Javier Tarqui; posteriormente, se plasma en la Resolución que es firmada por Marcelo Fernández y Tarqui, fruto de esto existe la notificación de la Fiscalía a los once concejales en calidad de testigos. Los presuntos delitos son Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes», aseguró Cala.
Asimismo, Cala denunció que el pasado viernes, Pedro Reynaldo Torrez, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva Administrativa intentó sacar archivos y actas del Concejo Municipal. El lunes el mismo funcionario con la presencia de un Notario de Fe Pública intentó cambiar al personal de archivos sin ningún justificativo.
A su favor, el concejal Javier Tarqui denunció “persecución política” por parte de la alcaldesa Soledad Chapetón y el diputado Rafael Quispe que instauraron un mismo proceso penal en su contra.
Explicó que inicialmente la denuncia de Chapetón ante la Fiscalía fue observada por no existir una relación fáctica entre el hecho atribuido y el denunciado, ya que no hay pruebas que demuestren su culpabilidad y se observó que no hubo un previo proceso administrativo en el Concejo Municipal.
Tarqui afirmó que esta “persecución política” se debe a que a lo largo de la gestión fue de los pocos concejales que realizaron fiscalización a la gestión, “porque hemos cumplido con nuestro de rol de fiscalización, la Alcaldesa maneja más recursos que los anteriores alcaldes, en su momento observamos cuando quiso contratar 9 efectivos policiales para su seguridad privada, presionamos para que se doten de medicamentos y fármacos a los hospitales municipales, observamos el elevado gasto en alquileres dejando de lado el avance del Jach’a Uta, hicimos gestiones ante el gobierno central. No les tenemos miedo», declaró.