La Paz, 16 Oct. (EAN).- Las jornadas de “octubre negro” continúan en la memoria de nuestra gente, más en la de quienes vivieron en carne propia esos días de zozobra y fueron parte de ese descontento que cambió un Gobierno y la historia de nuestro país, es por eso que la Cámara de Senadores aprobó una Declaración Camaral donde manifiesta la solidaridad para con los centenares de heridos, inválidos, huérfanos y viudas producto de la masacre liderada por Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003.
Ninja Alteño / Foto: José Luis Quintana
Durante la época neoliberal en la que gobernaron partidos políticos como el MNR, la ADN, el MIR y NFR, entre otros, se aplicaron políticas contrarias a los intereses y la dignidad del pueblo boliviano, como la entrega de los sectores estratégicos y la extracción de nuestros recursos al beneficio de las empresas transnacionales.
Desde 2001, durante la Presidencia de Jorge Quiroga, se iniciaron negociaciones para la venta de gas boliviano a los Estados Unidos, vía puertos chilenos, iniciativa que en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tomó más fuerza, buscando así consolidar esas políticas de saqueo y entreguismo inauguradas durante su primer mandato, pretendiendo esta vez ceder a las transnacionales petroleras la explotación del principal recurso natural con que cuenta el país, el gas.
Ante este intento, interpretado como una provocación al pueblo boliviano, vecinas, vecinos y organizaciones sociales de la ciudad de El Alto se auto convocaron para salir en defensa del gas boliviano, exigiendo además su industrialización para beneficio de todos los ciudadanos. Una de las consignas fue la de defender tan valiosa herencia que nos dejaron los héroes caídos en la Guerra del Chaco.
La defensa del gas iniciada por el pueblo alteño, aglutinó a varios sectores sociales como ser obreros, mineros, fabriles, transportistas, maestros urbanos y rurales, panificadores, comerciantes, trabajadores en salud, estudiantes de secundaria, universitarios, gremiales y población civil en general, quienes sin distinción de edad, sexo o condición social, tomaron calles, avenidas y plazas enarbolando los lemas: “El gas no se vende”; “Fusil, metralla, el pueblo no se calla”; “El Alto de pie, nunca de rodillas”; y “el Gas para los bolivianos”.
Sin embargo, como respuesta a esta justa e histórica demanda del pueblo boliviano, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de Ministros, dictaron el 11 de octubre de 2003, el Decreto Supremo 27209, con el cual desataron la brutal masacre recordada hoy como “el convoy de la muerte”, cuando un grupo de camiones cisterna transportaba gasolina desde Senkata hacia el centro de la ciudad de La Paz, dejando a su paso un tendal de niños, jóvenes, adultos y ancianos muertos y heridos por los disparos de armas de guerra de los militares.
Fueron sesenta y siete ciudadanos muertos y más de cuatrocientos heridos y mutilados que dejó como espantoso saldo la llamada “Guerra del Gas”, son una cabal expresión de lucha, coraje, valor, rebeldía y resistencia popular ante las políticas neo liberales y pro capitalistas, constituyendo un franco rechazo al entreguismo, al saqueo, al despojo y al despilfarro de los recursos naturales, en particular del gas, que pretendía ser entregado graciosamente a la rapiña transnacional petrolera en una clara muestra de subordinación y dependencia hacia los poderes extranjeros, tan contrapuestos a los intereses de nuestra Patria y de nuestro pueblo.
La masacre de octubre de 2003, permitió construir una agenda nacional en la que fueron incluidas las que en ese momento fueron planteadas como principales demandas de la población boliviana: la nacionalización de los hidrocarburos; la industrialización del gas; la convocatoria a Asamblea Constituyente; el reconocimiento de los pueblos indígenas; y la revalidación de la dignidad y la unidad de las bolivianas y los bolivianos, demandas que fueron atendidas por el Gobierno del Presidente Evo Morales.
Es por eso que hoy las bolivianas y los bolivianos, constituimos un país digno y unido; que la nacionalización de los hidrocarburos se hizo realidad, generando mayores ingresos al erario nacional, lo que permite una redistribución más justa y equitativa de la riqueza, para beneficio de todas y todos los bolivianos; tuvimos un Proceso Constituyente que nos dejó como fruto una Constitución Política del Estado moderna, inclusiva y digna.
“Por todo lo expuesto, corresponde rendir honores al pueblo alteño, que merecedor de nuestro reconocimiento y gratitud a doce años de la sangrienta masacre, delito de lesa humanidad que tarde o temprano tendrá a todos sus autores intelectuales y materiales purgando las penas que marca la Ley.
Será entonces y sólo entonces cuando se complete el homenaje a quienes derramaron su sangre y ofrendaron sus vidas para la construcción del nuevo Estado Plurinacional, consolidando un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no permita jamás que la Patria y sus recursos naturales sean saqueados y entregados a intereses foráneos”, destaca el documento.
Esta Declaración Camaral aprobada por más de dos tercios del pleno enfatiza cinco aspectos:
Primero. Rendir un justo y merecido homenaje al valeroso pueblo alteño que con su lucha, coraje, valentía, dedicación y heroica defensa de los recursos naturales y de los intereses de la población boliviana, permitió dar paso a las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales expresadas en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Segundo. Reconocer a la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de El Alto y a la Central Obrera Regional de El Alto, por su rol decisivo en las jornadas sangrientas de octubre de 2003, constituyéndose en referentes de lucha y vanguardia de los intereses de la población alteña y boliviana.
Tercero. Rendir homenaje póstumo a los ciudadanos alteños caídos en la Guerra del Gas, quienes de manera incondicional ofrendaron sus vidas en el afán de construir un mejor porvenir para toda la población boliviana y para las futuras generaciones.
Cuarto. Rendir homenaje y manifestar nuestra solidaridad para con los centenares de heridos, inválidos, huérfanos y viudas producto de la masacre de octubre de 2003.
Quinto. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a expulsar a todos aquellos ex – gobernantes y ex – autoridades implicados directa o indirectamente con la masacre de octubre de 2003, permitiendo que vengan a rendir cuentas ante la Justicia de nuestro país, y de ese modo, hacer que esa herida que no deja de sangrar desde hace doce años, pueda por fin comenzar a cerrarse.
Cámara de Senadores