La Paz, 17 nov.- Uno de los dos aprehendidos por el desvío ilegal de diésel en la Planta de Almacenaje Senkata en El Alto fue enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras que el conductor de la cisterna implicada obtuvo detención domiciliaria, informó la Policía Boliviana.
El operativo se realizó en la avenida Estructurante de Senkata, donde los uniformados sorprendieron a uno de los sujetos sustrayendo combustible desde una cisterna mediante bidones y baldes.
“La rápida intervención permitió capturar a los responsables en flagrancia y prevenir un delito que podía afectar la distribución legal de combustible”, explicó el subcomandante de la Policía paceña, Willy Paz Estrada.
Chonchocoro
El caso está vinculado a los delitos de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel. Sin embargo, el oficial informó que incluso se podría ampliar la investigación al delito de afectación económica al Estado.
Las autoridades sospechan que los implicados formaban parte de un esquema mayor dedicado al desvío de carburantes subvencionados para su venta clandestina.
Según el reporte policial, fue remitido a Chonchocoro el hombre que realizaba el trasvase del diésel, mientras que el conductor del vehículo, que había salido minutos antes de la Planta de Senkata, deberá cumplir arresto domiciliario.
“La autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva para quien sustraía el combustible y detención domiciliaria para el chofer”, precisó el subcomandante Paz.
El hecho ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes durante un control sorpresa encabezado por la directora de la Agencia Nacional Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, quien detectó el trasvase irregular desde la cisterna.
“El Estado boliviano subvenciona este carburante y está siendo sustraído para ser comercializado ilegalmente, generando daño económico al país”, advirtió Paz.
La investigación continúa y no se descarta la identificación de más involucrados en esta modalidad de tráfico de combustible que el presidente Rodrigo Paz Pereira califica como una «mafia» de la que son partícipes algunos funcionarios.
La Razón