Chuquisaca, 30 mar — El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, dijo hoy que la exviceministra de Comunicación Roxana Lizárraga debe asumir defensa y responder ante la justicia por la denuncia que existe en su contra por Tráfico Ilícito de Armas, Incumplimiento de Deberes, Tenencia, Porte o Portación y Uso de Armas no Convencionales por, presuntamente, haber facilitado en el ingreso de agentes químicos desde la República del Ecuador a Bolivia durante la crisis de 2019.
“Ella ha sido notificada con todas las actuaciones fiscales que corresponden, ella debería concentrarse exclusivamente a esclarecer la denuncia que se ha instalado en el Ministerio Público por el tráfico de armas, en la que ella habría incurrido desde el Ecuador hacia nuestro país en el 2019, el fondo es ese, la investigación sobre el tráfico de armas que habría coadyuvado”, sostuvo Lanchipa.
De acuerdo a los antecedentes, la Comisión de Fiscales que investiga el caso, emitió la ampliación de investigación e imputación formal en contra de Lizárraga, luego de determinar que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que habría sostenido con Arturo Murillo, Fernando López y la señora Jeanine Áñez, en Palacio de Gobierno, ella hubiera tomado contacto con un personal policial de la República del Ecuador y habrían acordado, mediante una llamada telefónica, que ese país pueda facilitar armamento no letal consistente en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera, presuntamente, ilegal.
Durante la investigación y sobre la base de los elementos de convicción colectados, se pudo establecer la presunta participación de esta exautoridad en el hecho, por esta razón el 25 de febrero de este año se citó a la investigada para que asuma defensa y se presente a declarar sobre los hechos ocurridos, porque habría viabilizado la llegada de estos elementos antidisturbios; sin embargo, no asistió a la convocatoria del Ministerio Público entorpeciendo las investigaciones. Asimismo, Lizárraga, faltó de manera injustificada a su audiencia de medidas cautelares, pese a haber sido notificada legalmente mediante edictos, por ello, la autoridad jurisdiccional valoró esos extremos y declaró la rebeldía.
Prensa FGE