La Paz, 20 oct — El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se declaró culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero durante la audiencia celebrada este jueves en la Corte del Distrito Sur de Florida. El tribunal lo conminó a entregar inmuebles que se hubieran adquirido con dineros ilícitos.
Con la decisión, Murillo pasó de sindicado a culpable y con ello se allanó a una condena de hasta seis años de prisión, precisó procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en una conferencian de prensa.
“El juez le ha conminado al cumplimiento de ciertas medidas, entre las más importantes está que Arturo Murillo debe entregar cualquier propiedad involucrada en ese delito de conspiración y también tiene que pagar una multa de 532.000 dólares”, apuntó.
Con el nuevo giro en el caso, pues Murillo inicialmente se negó a admitir su responsabilidad de los ilícitos, el proceso proseguirá con una nueva audiencia en el plazo de aproximadamente un mes, donde se le dictará condena.
Poniendo como evidencia este proceso en Estados Unidos, Chávez desvirtuó esas versiones de que el Gobierno aplica una persecución política contra las exautoridades del gobierno de facto.
Adelantó que una vez cumpla su condena se deberá activarse el proceso de extradición que solicitó la Fiscalía General del Estado para que en el país responda a los procesos que se le iniciaron, entre ellos, por las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron más de una treintena de muertos en noviembre de 2019.
“Él (Arturo Murillo) era el cabecilla de la banda delincuencial y le corresponde una pena mayor que a los otros involucrados”, insistió Chávez al recordar que este ilícito se registró en plena pandemia del Covid-19, en mayo de 2020, y que para ello el exministro presionó al personal del Banco Central de Bolivia (BCB) para que realice las transferencias de los fondos a cuentas de bancos en el extranjero.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Philip Lichtenfeld y los hermanos Bryan y Luis Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Añez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición.
En ese marco, el daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.
De estos 2,3 millones de dólares, $us 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.
Detenido en una cárcel de Miami desde 2021, se estableció que el exministro de Añez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.
Acorralado, Murillo optó por admitir su culpa y este jueves lo formalizó ante un tribunal en Florida, dirigido por la jueza Jacqueline Becerra.
Ya en julio pasado, la justicia estadounidense sentenció a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de $us 75.000 y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
De acuerdo con el periodista de Bolivia Tv, la audiencia de Murillo en la Corte del Distrito Sur de Florida se realizó de forma presencial y a los asistentes se les impidió el registro de imágenes y audios.
ABI