Brasilia, 18 Mar. — El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva asumió el jueves como jefe de Gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff, mientras un juez intentaba bloquear su nombramiento, y el Congreso inició los procedimientos que podrían conducir a un jucio político contra la mandataria.
La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a cientos de manifestantes opositores que se enfrentaron con partidarios de Lula afuera del palacio presidencial, donde prestó juramento, mientras ministros y funcionarios que lideran una investigación sobre corrupción intercambiaban ataques durante el día.
Las protestas también bloquearon importantes avenidas en Sao Paulo y Río de Janeiro, debido a la molestia por la designación de Lula, que protegerá al ex mandatario de los fiscales que lo acusan de lavado de dinero y fraude en el marco de una investigación sobre sobornos que se centra en la petrolera estatal Petrobras.
Sólo la Corte Suprema de Brasil tiene jurisdicción en los casos en contra de los ministros. Poco después de la ceremonia de asunción de Lula, un juez federal en Brasilia emitió una medida cautelar para suspender su nombramiento ministerial, con el argumento de que perjudica «el libre ejercicio del poder judicial».
El Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, prometió apelar a la medida cautelar en contra de Lula, que calificó como la decisión de un juez partidista.
El enfrentamiento ha avivado la tensión entre el poder ejecutivo y judicial de Brasil, que ya está alta, en momentos en que la investigación sobre Petrobras alcanza el círculo íntimo de Rousseff y pesa sobre una comisión parlamentaria de juicio político que fue nombrada el jueves.
Los llamados para un juicio político en contra de Rousseff se han centrado en las acusaciones, sin relación con Petrobras, de que violó las normas de presupuesto para impulsar el gasto de la campaña para su reelección en el 2014.
Una comisión de 65 miembros en la Cámara baja del Congreso ahora estudiará si hay motivos para llevar a cabo un juicio político en el Senado. Tanto Rousseff como Lula han negado las acusaciones en su contra.
Durante la ceremonia de nombramiento de Lula, Rousseff criticó la filtración el miércoles de una conversación telefónica grabada entre ambos, hecha pública por el juez federal Sergio Moro, que encabeza la investigación sobre Petrobras.
«Convulsionar a la sociedad brasileña con mentiras y con prácticas censurables viola los derechos constitucionales, al igual que los derechos de los ciudadanos», comentó Rousseff, que calificó la grabación de ilegal y antidemocrática.
Reuters