Caracas, 1 Ago. — Dos de las principales figuras de la oposición venezolana fueron sacadas de sus casas en medio de la noche por agentes de seguridad y devueltos a prisión, en un movimiento del gobierno de Nicolás Maduro criticado dentro y fuera del país y que para algunos es una nueva muestra de que no tolerará la disidencia.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por aliados al gobierno, informó que dos juzgados de Caracas decidieron revocar el arresto domiciliario de Leopoldo López y Antonio Ledezma tras considerar que habían violado las condiciones de esta detención.
En la primera acción importante contra la oposición tras la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente que busca darle poderes prácticamente ilimitados al oficialismo, el Tribunal también aseguró que recibió información de “inteligencia oficial” sobre un «plan de fuga» de los políticos, por lo que se activaron los procedimientos correspondientes.
En un escrito señaló que de acuerdo con las condiciones impuestas a López “no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político? y que Ledezma tenía la obligación de ?abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio”.
Familiares y aliados de los opositores denunciaron la madrugada del martes a través de sus redes sociales que habían sido detenidos.
“La administración de Maduro está enviando un mensaje aterrador a toda la gente en Venezuela: El disentir no será tolerado de ninguna manera”, señaló en un comunicado la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
La esposa de López publicó en Twitter lo que parecía ser un video en el que se ve a hombres con armas largas cuando sacan a su marido de casa pasada la medianoche y lo introducen en una patrulla del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política.
“Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos dónde está ni adónde lo llevan”, tuiteó Lilian Tintori.
Por su parte, los aliados del alcalde metropolitano de Caracas difundieron en internet un video en el que agentes de la policía política se llevaban a un hombre que parecía ser el líder opositor mientras una mujer pedía a gritos ayuda de los vecinos.
“¡Se están llevando a Ledezma!”, exclama la mujer. “¡Dictadura!”.
López fue detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, hace tres años tras protestas contra el gobierno de Maduro y condenado a más de 13 años de prisión por incitar la violencia de los manifestantes. Desde el 8 de julio cumplía el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Ledezma también fue detenido en 2015 en la prisión de Ramo Verde y luego le otorgaron la medida de arresto domiciliario.
López, de 46 años, fue enviado nuevamente a la cárcel militar adonde ingresó cerca de las 3 de la mañana, indicó a la emisora local Éxitos el abogado del líder opositor, Juan Carlos Gutiérrez.
Ambos habían publicado videos recientes en internet en los que condenaban la decisión de Maduro de elegir una Asamblea Constituyente que reescriba la constitución y transforme el sistema político venezolano.
Gutiérrez consideró la decisión de regresar a López a la cárcel una medida «completamente arbitraria» y sostuvo que el político siempre «acató en su totalidad» la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que le otorgó la medida de arresto domiciliario, la cual le prohibía abandonar su casa y declarar a los medios sobre su proceso.
“Se lo llevaron en pijama, sin una orden. Tocaron el timbre y este contingente fuertemente armado a empujones se lo llevó”, dijo la hijastra de Ledezma, Oriette Schadendorf, al canal de cable argentino Todo Noticias.
El martes, el rechazo a la elección de la Asamblea Constituyente alcanzó a la coalición oficialista. Dos de sus diputados anunciaron que la abandonaban en protesta por lo ocurrido. Los diputados socialistas Eustoquio Contreras y Germán Ferrer ingresaron a la sala de sesiones de la Asamblea Nacional y se integraron al pleno dominada por la oposición.
Ferrer es esposo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, hasta hace poco considerada una incondicional del gobierno, quien ha acusado a Maduro de desarticular la democracia venezolana con su plan de reformar la constitución.
Maduro advirtió la noche del lunes que no tiene ninguna intención de cambiar sus planes de redactar una nueva carta magna y perseguir a una serie de enemigos, desde canales independientes de noticias en Venezuela a hombres armados que, afirmó, habría enviado la vecina Colombia para sabotear los comicios como parte de una conspiración internacional encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«No me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo», dijo el mandatario venezolano en un acto emitido en la televisión nacional, en el que retó a Trump a imponer más sanciones.
Unas horas antes, Washington había incluido a Maduro en la creciente lista de funcionarios venezolanos de alto rango afectados por sanciones financieras, subiendo la presión con una táctica que hasta ahora no ha alterado el comportamiento del gobierno socialista venezolano.
Por ahora, el gobierno de Trump no ha cumplido las amenazas de sanciones contra la industria petrolera venezolana, lo que podría socavar al gobierno de Maduro pero también subir los precios del combustible en Estados Unidos y agravar la crisis humanitaria en el país sudamericano.
Las sanciones se aprobaron después de que las autoridades en Caracas dijeran que ocho millones de personas habían votado el domingo para crear la Asamblea Constituyente, una cifra cuestionada por analistas independientes. Varios gobiernos del continente americano y Europa tacharon la consulta de ilegítima.
El Consejo Electoral Nacional de Venezuela dijo el domingo que la participación en los comicios había sido del 41,53%, o 8.089.320 personas. Esa cifra implicaría que el partido en el gobierno obtuvo más apoyo que en cualquier votación nacional desde 2013, a pesar del hundimiento de la economía, la inflación disparada, el desabastecimiento de medicinas y la malnutrición.
Sondeos de opinión indicaron que en torno de 85% de los venezolanos tenía una mala opinión de la Asamblea Constituyente y un número similar desaprobaba la gestión de Maduro. / AP
Los líderes opositores estimaron que la participación real fue menos de la mitad de lo anunciado por el gobierno, en una votación supervisada por observadores de gobiernos aliados pero no por observadores electorales con reconocimiento internacional.
Un sondeo en 110 centros de votación realizado por el banco de inversiones neoyorquino Torino Capital y una empresa venezolana de opinión pública estimó que 3,6 millones de personas, en torno del 18,5% de los votantes registrados, habían acudido a las urnas.
Maduro dijo que la nueva asamblea podría empezar a trabajar en una semana. Entre otras medidas, dijo que emplearía los poderes de la cámara para impedir que candidatos de la oposición se presenten a las elecciones a gobernador de diciembre, a menos que se sienten con su partido para negociar el final de unas hostilidades que han generado cuatro meses de protestas con un saldo de 121 muertos y casi 2.000 heridos. / AP