El Alto, 25 de mayo.- En fecha 18 de mayo de 2018, el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) comunicó al Estado boliviano su Decisión sobre la Solicitud de Anulación, confirmando el Laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del CIADI en fecha 16 de septiembre de 2015, culminando así el caso CIADI N° ARB/06/2: Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. c. Estado Plurinacional de Bolivia.
La controversia internacional surgió a raíz del incumplimiento a la Ley Nº 2564, de 9 de diciembre de 2003, y la emisión del Decreto Supremo N° 27589, de 23 de junio de 2004, por el entonces Presidente de la República, Carlos D. Mesa Gisbert, que dispuso la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Non-Metallic Minerals S.A. (“NMM”), con mayoría de capitales chilenos a través de la empresa Quiborax S.A. y su Presidente Allan Fosk Kaplún.
Esta medida de “revocatoria” no estaba contemplada en la Ley N° 2564, de 9 de diciembre de 2003, que ordenaba la “declaratoria de nulidad” de aquellas concesiones mineras que estuvieran en incumplimiento de disposiciones legales, ni en la Ley N° 1777 (Código de Minería), de 17 de marzo de 1997.
El procedimiento fue iniciado por Allan Fosk, Quiborax S.A. y NMM en fechas 22 de julio y 14 de octubre de 2004, mediante notificaciones de controversia, habiendo presentado su Solicitud de Arbitraje el 4 de octubre de 2005. El procedimiento arbitral fue sustanciado entre los años 2010 y 2013, finalizando con la Audiencia Conclusiva realizada del 28 al 30 de octubre de ese año, durante la gestión del entonces procurador general, Dr. Hugo Montero Lara.
Las pretensiones de las empresas demandantes alcanzaba la suma de US$ 150,8 millones (US$ 146.848,847.- por concepto de compensación y US$ 4.000,000.- por daño moral). El Laudo de 16 de septiembre de 2015 dispuso el pago de una compensación que a la fecha alcanza un monto de US$ 57 millones, incluyendo intereses y costas, un 38% del monto demandado.
Actualmente, la Procuraduría General del Estado, en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia, se encuentra en conversaciones con los representantes de las demandantes.
“Como es muy bien conocido a nivel internacional, el Estado boliviano es respetuoso de sus obligaciones y compromisos internacionales, y se velará porque el cumplimiento del Laudo del CIADI se haga de la forma más ordenada y beneficiosa posible”, señaló el procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich.
Dados los antecedentes del caso durante la gestión del ex Presidente Carlos D. Mesa Gisbert, que originaron la controversia internacional ante el CIADI, la Procuraduría General del Estado (PGE), en base a sus funciones y atribuciones constitucionales y legales, el día martes 22 de mayo de 2018, solicitó a la Fiscalía General el inicio de una investigación por presuntos delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.(PGE)