El Alto, 9 jun — En una verificación del trabajo que desarrollan los servidores públicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en la ciudad de El Alto, la Defensoría del Pueblo evidenció que existe falta de atención y falta de personal en esas dependencias del Ministerio Público a pesar de que la inspección fue realizada en horarios de atención al público.
José Santos Lipa, coordinador regional de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto manifestó que en la labor defensorial “pudimos advertir que en los cinco consultorios que están habilitados para los médicos forenses, ninguno está atendiendo, las puertas están cerradas y no hay atención al público”.
La tarde del miércoles, profesionales de la Coordinación Regional El Alto junto con la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Mabel Martínez realización una verificación del trabajo de los servidores públicos del IDIF.
Martínez lamentó la situación que se observó en las inspecciones realizadas a las dependencias del IDIF, ubicadas en la calle Nery de la zona 16 de Julio y otra en el edificio donde funciona las oficinas de la Fiscalía en la zona 12 de Octubre.
En ambos recintos se advirtió precarias condiciones para la atención al público, “definitivamente esto es preocupante porque esto atenta al derecho que tienen las víctimas, principalmente la del acceso a la justicia, a acceder a una atención oportuna”, dijo la Delegada Departamental después de la verificación y entrevistas con la única profesional que encontró en el consultorio existente en la zona 12 de Octubre.
En base a las declaraciones realizadas por el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, en diciembre del año pasado en las que aseveró que en la ciudad de El Alto se realizan 100 valoraciones diarias y que por ello se estaba desconcentrando las oficinas, la realidad evidenciada por la Defensoría del Pueblo es diferente.
“Para la ciudad de El Alto tenemos tres médicos forenses, un psicólogo forense que al parecer no trabaja todos los días en (las oficinas) de la plaza La Paz y sin embargo tienen una infraestructura bastante grande”, precisó Martínez.
La verificación defensorial a las dependencias del IDIF en El Alto se realizó en base a las atribuciones conferidas en la Ley 870 de la Defensoría del Pueblo, cuyo inciso 6 del artículo 5 señala que puede acceder libremente a diferentes centros de atención pública, “sin que pueda ponerse objeción alguna, a efectos de velar por el cumplimiento y promoción de los derechos de las personas”.
También el artículo 14 inciso 8 indica que, entre las funciones del defensor o defensora del pueblo, se encuentra el “velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, como es el caso del Instituto de Investigaciones Forenses.
Com / Defensoría del Pueblo