La Paz, 25 oct — La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó este lunes su rechazo al manejo poco responsable que hicieron los medios de comunicación sobre la denuncia de violación a una niña de 11 años en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, que quedó embarazada y que desistió de practicarse la interrupción legal del embarazo. Asimismo, denunció la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual.
“Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, y el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”, indicó la autoridad.
Según un reporte institucional, Cruz observó un incumplimiento de funciones por parte del personal de la Defensoría de la Niñez y del personal de salud de dicho municipio con relación al manejo de la información y rechazó el manejo informativo de algunos de medios de comunicación que vulneraron los derechos de la menor y la revictimizaron.
“En vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo con la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso de revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar”, criticó la autoridad.
Asimismo, manifestó su preocupación sobre la intervención de una iglesia con relación al caso y los procedimientos establecidos legalmente para la atención de casos de violación a menores. Explicó que su intención de “apoyo temporal” podría incurrir en acciones que están fuera de la norma, como son la guarda y la adopción ilegal. Además, recordó que existe independencia entre religión y Estado.
Cruz manifestó que las niñas y adolescentes deben tener garantizada la posibilidad de tomar esa decisión de manera oportuna e informada en un marco legal y seguro, para salvaguardar su salud, integridad física e incluso su vida.
“Negar el acceso al aborto legal y seguro o de atención posaborto, puede causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico, especialmente en casos de incesto o violación”, señaló.
Dijo que la OMS establece que el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica en niñas menores de 15 años de edad.
“Solicitamos al Órgano Ejecutivo que asuma las recomendaciones del Informe Defensorial ‘Situación de la interrupción legal del embarazo como derechos humanos de las mujeres’, y que priorice la ejecución de políticas públicas de educación para la salud, destinadas a la difusión, protección y atención de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer”, acotó Cruz.
ABI