La Paz, 27 mar. — Un cabildo de choferes disidentes de la Federación de Choferes Primero de Mayo marcharon el miércoles desde El Alto hasta la plaza San Francisco, donde realizaron un cabildo y determinaron exigir una auditoría externa al aporte de 0,20 centavos en el peaje de la autopista entre las dos ciudades y formalizar una denuncia penal en contra de los dirigentes acusados de malversar más de 12 millones de bolivianos.
«En realidad exigimos una auditoría externa de los más de 15 millones de bolivianos por aportes en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto que se han manejado, y no solo 12 como se denunció en primera instancia», informó a los periodistas el dirigente del Sindicato Eduardo Abaroa, Lucio Quispe.
Explicó que el cabildo determinó también desconocer a los dirigentes de esa organización y de la Federación Andina de El Alto.
El conflicto surgió en febrero pasado, después que el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, denunció que Vías Bolivia transfirió más de 11 millones de bolivianos a cuentas particulares de varios dirigentes de ese sector, entre ellos, Fernández, Mario Silva y Rubén Sánchez.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, aseguró que en un último ampliado se determinó que los exdirigentes de anteriores gestiones emitirán un informe económico en abril.
Además, que los afiliados continuarán con ese aporte voluntario de 0,20 centavos.
ABI