La Paz, sep.– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó la “Alerta Temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, documento que refleja la situación de las personas privadas de libertad (PPLs) afectados por una sobrepoblación, hacinamiento y el uso indiscriminado de la detención preventiva. Ante esto, la institución exhortó al Estado a asumir cinco acciones, que de manera urgente garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
“La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha identificado una situación crítica en el sistema penitenciario que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas urgentes”, señaló el Defensor del Pueblo, en contacto con los medios de comunicación.
De acuerdo al documento, la población penitenciaria ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando a julio de 2025 un total de 33.058 personas privadas de libertad (PPL), con un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.
El documento, presentado la tarde de este martes, identifica que la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso excesivo de la detención preventiva son problemas estructurales del sistema penitenciario que comprometen gravemente los derechos humanos de las PPL.
“La sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible. Además, la población penitenciaria crece cada año de manera preocupante, sin que existan políticas efectivas para revertir esta tendencia”, refirió Callisaya.
Para la autoridad defensorial, a esta problemática, se suma el “uso excesivo de la detención preventiva, que contribuye significativamente al hacinamiento y agrava la crisis del sistema carcelario”.
Entre los datos que respaldan esta afirmación, la alerta temprana evidencia que, por ejemplo, el penal de San Pablo de Quillacollo, que tiene una capacidad para 110 PPLs, a la fecha cuenta con 674 internos, lo cual representa un hacinamiento del 513%. Similar situación se da en el Penal de San Sebastián que con una capacidad para 250 PPLs, actualmente alberga 1115 personas, teniendo un 346% de hacinamiento.
Otros penales que están en la misma situación son Palmasola en Santa Cruz, con un hacinamiento del 205% y el de San Pedro de Oruro con un 243%. Esta situación sería una de las causas del debilitamiento de la seguridad penitenciaria que se refleja con la muerte violenta en cárceles de 15 internos, asimismo, ocasionaría deficiencias graves en la atención en salud y la alimentación, y una infraestructura débil y ausencia de programas de reinserción.
Ante esta situación el Defensor del Pueblo planteó cinco medidas urgentes como limitar el uso de la detención preventiva y la aplicación de un enfoque diferenciado en el juzgamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad; aprobar el uso de manillas electrónicas; separar y clasificar a las PPLs según la naturaleza y gravedad del delito; mejorar acceso al derecho a la salud, garantizando más personal médico o más convenios con hospitales que puedan brindar servicio ambulatorio en cárceles.
Finalmente, la autoridad defensorial, instó a consolidar un nuevo acuerdo entre los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, para que todos cumplan de una manera más eficiente sus responsabilidades en el tema carcelario, en el entendido de que el buen funcionamiento de las cárceles está estrechamente vinculado a la seguridad ciudadana.
UCOM/DPB