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La Paz, 7 sept — Los familiares de las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, Betanzos y Montero, se congregaron en la ciudad de La Paz para exigir el procesamiento de las autoridades que aprobaron el “Decreto de la muerte” durante el golpe de Estado de 2019 y para exigir el enjuiciamiento de los impulsores del régimen de facto como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros.
Las declaraciones fueron realizadas este martes por Alberto Fuentes Urquizu, dirigente de los familiares de las víctimas, en una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Federación de Juntas Vecinales, según el reporte de radio Patria Nueva.
El representante dijo que la Fiscalía ya cuenta con las revelaciones y testimonios contenidos en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con otras pesquisas que confirman que entre 2019 a 2020 se produjeron masacres, ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones masivas a los derechos humanos.
Por ello dijo que se debe procesar, detener y sancionar a quienes, por ejemplo, aprobaron el “decreto de la muerte”, es decir el Decreto número 4078 que dio inmunidad a los militares para matar a la población civil desarmada.
Ese decreto estableció, en su artículo 3, que “el personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Tras la aprobación de ese decreto que blindó los operativos militares y luego se produjeron las masacres de Senkata y Sacaba.
Ese decreto fue firmado el 14 de noviembre de 2019 por Jeanine Áñez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, Roxana Lizarraga Vega, según consta en la página web de la Gaceta Oficial de Bolivia.
Para exigir sanciones a quienes aprobaron ese decreto, se realizarán marchas a partir de mañana miércoles.
A su turno, Rosmery Peralta, de los familiares de las víctimas, dijo que las mujeres fueron quienes más sufrieron la vulneración a sus derechos humanos por parte del régimen de facto.
Dijo que las vulneraciones que sufrieron no solo fueron físicas, sino también psicológicas.
La representante expresó su condena a la decisión judicial de no encarcelar a los integrantes de la organización delictiva Resistencia juvenil Cochala (RJC) pese a que atacó a indígenas y mujeres de pollera y pese a que fue el brazo armado parapolicial del golpe de Estado de 2019.
ABI