Gobernaciones rechazan el PGE 2025 y exigen inclusión en políticas ambientales

 

Santa Cruz, 27 nov — Los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, y Cochabamba, junto con equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí, rechazaron el anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 presentado por el Gobierno nacional.

La decisión fue asumida tras una reunión sostenida este miércoles en la ciudad de Santa Cruz y hecha pública a través de un documento firmado por los participantes. En el texto denuncian que no se cumplieron los acuerdos previos establecidos en el Consejo Nacional de Autonomías y en reuniones técnicas con ministerios.

“Rechazamos el anteproyecto de ley del presupuesto 2025 toda vez que no se cumplió con los acuerdos e instrucciones del presidente del Estado (Luis Arce) en el último Consejo Nacional de Autonomías y las reuniones técnicas con los diferentes ministerios”, declaró Mario Aguilera, gobernador suplente de Santa Cruz, en referencia al punto 6 del acuerdo alcanzado anteriormente.

Además del análisis presupuestario, la reunión abordó temas relacionados con la gestión ambiental y la distribución de recursos generados por la preservación de bosques y servicios medioambientales.

Las conclusiones son:  

  1. Celebrar la sentencia constitucional plurinacional 040/2024, que permite proteger los bosques y generar ingresos a través de servicios ambientales, eliminando restricciones establecidas en la Ley Madre Tierra.
  2. Reconocer el potencial de los 55 millones de hectáreas de bosques en Bolivia, que podrían generar ingresos anuales de al menos 5.000 millones de dólares.
  3. Rechazar el decreto supremo 5264, al considerar que excluye a municipios, gobiernos indígenas, gobernaciones y comunidades locales en la gestión y financiamiento relacionado con el cambio climático.
  4. Solicitar un marco legal que garantice una administración adecuada de los bosques y una distribución equitativa de los recursos generados, involucrando a todos los niveles del Estado y a la población en general.
  5. Elaborar una propuesta integral que contemple aspectos técnicos, jurídicos, políticos, ambientales y sociales para asegurar la participación de las entidades territoriales autónomas en los ingresos por el mercado de carbono.

“Este es el resultado de esta reunión que hemos sostenido hoy día (…) Creemos y sabemos lo que se debe hacer en el país para darle oportunidad de sustentabilidad a las autonomías departamentales cumpliendo con una competencia que tiene que ver con la planificación de nuestros territorios”, concluyó Aguilera.

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