La Paz, 15 abr — El Gobierno busca con la vigencia de dos decretos supremos, el 4910 y el 4911, controlar la venta de combustibles, tanto en fronteras como en las estaciones de servicio del interior del país, informó el viceministro de Hidrocarburos, William Donaire.
La política estatal de control y lucha contra el contrabando y el desvío de combustibles, dijo la autoridad a la televisora privada ATB, está orientada a un ahorro en la subvención de los combustibles.
Donaire explicó que la “Política de control y lucha contra el contrabando de combustibles” establece tres fases de trabajo.
La primera fase prevé la movilización de efectivos de la Fuerzas Armadas y grupos de la Policía, personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana Nacional para endurecer la lucha contra el contrabando de combustibles.
La segunda medida, detalló, la implementará Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que buscará utilizar su poliducto para importar combustibles, reducir el costo logístico e incrementar la capacidad de almacenaje.
“Para la tercera fase estamos construyendo la planta de San Julián y otras en las diferentes plazas para el aumento de nuestra autonomía, tanto de gasolina como de diésel. Ahí viene el tema de los biocombustibles, se están construyendo dos plantas de biodiesel, una en Santa Cruz, en Palmasola, y la segunda planta en Senkata, cada una de estas plantas va a producir 86 millones de litros por año”, explicó.
Instituciones
Las Fuerzas Armadas, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, la ANH y Aduana Nacional son las instituciones estatales responsables de la lucha contra el contrabando y el control del transporte de GLP en garrafas, gasolinas y diésel en zonas fronterizas, así lo estable Decreto Supremo 4911.
Los militares controlarán poblaciones fronterizas en las que se considera existe mayor flujo de contrabando de combustible, como son los municipios de Cobija, Copacabana, Desaguadero, Tambo Quemado, Pisiga, Villazón, Yacuiba, Bermejo, Puerto Suarez, San Matías, Piso Firme y Guayaramerín.
Las instituciones que participan en las tareas y acciones operativas de lucha contra el contrabando de exportación agravada de hidrocarburos, deberán, de acuerdo con la norma, presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público en todos los decomisos.
A partir de la vigencia de la norma, la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) tiene la responsabilidad de habilitar medios tecnológicos para el rastreo y monitoreo del transporte de sustancias químicas controladas.
El Órgano Ejecutivo anunció que los camiones cisternas que transportan combustibles y GLP serán contralados con sistemas de posicionamiento global (GPS).
La instalación de GPS en los camiones cisternas y de gas licuado doméstico eliminará el contrabando de los carburantes en frontera.
El chip de control permite el rastreo del vehículo, brinda información exacta sobre su ubicación y alerta de forma inmediata si se desvía de su ruta.
El Decreto Supremo 4910 establece, por su parte, que el color del combustible que será comercializado en las estaciones de servicios de fronterizos será diferente al de la ciudad.
ABI