La Paz, 7 ene — El portavoz Presidencial, Jorge Richter, afirmó este sábado que las protestas promovidas por el Comité Pro Santa Cruz en defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro, son parte de una lucha por la impunidad para no rendir cuentas a la justicia por el golpe de Estado de 2019.
“Los cívicos dicen que su lucha es democrática, cuando el país entero sabe que no es así. Esta en una lucha por la impunidad, para no tenerle que rendir cuentas a la justicia, no quieren que se investigue el golpe de Estado. Estos son los esfuerzos que hacen para que no se investigue el golpe. ‘Nunca hubo golpe’, dicen, pero impiden que se investiguen los hechos”, afirmó Richter en el programa Taypi de radio Kawsachun Coca.
La autoridad afirmó que Camacho sabía que en octubre de 2022 el Ministerio Público había ordenado su aprehensión porque no se presentó a declarar en al menos cuatro ocasiones. Fue por ello, según Richter, que el gobernador de Santa Cruz extendió de forma deliberada el paro por el Censo de Población y Vivienda por más de 36 días y que concluyó pese a no conseguir el objetivo de que esa tarea se efectúe el año 2023.
“El Gobernador de Santa Cruz extendió el conflicto del Censo para evitar ser detenido. Había una orden de detención contra su persona, como el conflicto estaba exacerbado, el Ministerio Público no podía aprehender a una persona que se resiste a declarar”, explicó el portavoz.
Aprehendido el 28 de diciembre de 2022, Camacho fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de Chonchocoro acusado por el presunto delito de terrorismo al “subvertir el orden constitucional” en 2019.
El proceso se sustenta en las conversiones que el padre del excívico, José Luis Camacho Parada realizó para que los policías y militares no salgan a reprimir a la población en las protestas de 2019.
Las investigaciones establecieron, de manera preliminar, que Camacho tenía protección de la Policía y de las Fuerzas Armadas antes de que Evo Morales renuncie a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, que dio lugar a la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación como presidenta del país por parte de la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez.
Pero además se conoció que entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho hizo movimientos bancarios por al menos Bs 4,5 millones, los cuales habrían ido a financiar el golpe de Estado.
La aprehensión de Camacho llevó a sus adeptos a movilizaciones que se tornaron violentas con el ataque y quema de unas 27 entidades públicas, además de atentados a la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, a la casa del alcalde Jhonny Fernández y a la clínica odontológica Orest, de propiedad del gobernador de Beni, Alejandro Unzueta.
Además, 45 vehículos fueron quemados por los movilizados que exigen la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, dijo Richter.
“Tenemos una cantidad de hechos delincuenciales, esto no es una forma pacífica de manifestación. Por un lado, el comiteísmo habla de paz, de marchas pacíficas, de lucha por la democracia, por la justicia, pero dañan 27 infraestructuras, destruyen 45 vehículos. Santa Cruz parecía esas películas donde han bombardeado y encuentras las estructuras calcinadas de los vehículos. Han herido a 27 policías y, por supuesto, se tenido que detener gente”, refirió.
De acuerdo con Richter, “todas estas movilizaciones con quemas, toma de instituciones, sabotaje a la economía” tienen una “misma mecánica para desordenar el debate y crear un clima y unas condiciones que impidan que la justicia pueda investigar y pueda avanzar”.
ABI