Los Medios de Comunicación y la política boliviana

 

“Los Medios de Comunicación asumen la función de oposición política”.

Ignacio Ramonet

 

El periodista español Ignacio Ramonet señala que, hoy día, personajes como Rafael Correa, Cristina Fernández y Evo Morales tienen una batalla con los medios de comunicación privados de cada uno de sus países cuando consideraron que al llegar al poder con quien tendrían disputas sería con el partido de oposición y en ese sentido la oposición resultó ser la industria de la información de los capitales privados. “Los medios contra el poder es un tema de discusión muy importante en América Latina. Los medios son los que se van a erigir propiamente en oposición política como un partido”.

La promoción de la democracia sostenible y el mejoramiento de la calidad de la gobernabilidad democrática en nuestros países requieren, como condición necesaria, garantizar los derechos a la información y a la comunicación de la ciudadanía, así como el pleno respeto a las libertades de expresión y de prensa.

“Bolivia es un país polarizado. Polarizado quiere decir con posiciones muy duras de respaldo pleno al Presidente y su Gobierno y de identificación total con el llamado Proceso de Cambio; posiciones muy duras  en contra del Gobierno del presidente Morales, en contra de su persona y de lo que él representa. Esas posiciones duras generan enguerrillamientos y por supuesto trincheras, y los Medios de Comunicación no han estado exentos de esta batalla a diferencia de lo que pasaba en el periodo democrático anterior”, aseguró Carlos D. Mesa, en una conferencia sobre “Los medios de comunicación en la construcción democrática del país”, que ofreció en Cochabamba.

Para Mesa, cualquier medio de comunicación –siempre que no sea del Estado–, tiene derecho absoluto a tener militancia en ideas. “Puede haber un medio liberal políticamente, marxista o católico. Es legítimo. No hay ningún problema en que así sea, el problema grave es que este medio se convierta en una suerte de pequeño partido político que crea que todo lo que hacen los demás está mal y por lo tanto tergiversa, distorsiona, sesga, carga las tintas y pierde aquello que es reflejar los hechos al margen de su línea editorial”.

El periodista dice que los medios de comunicación bolivianos –en el contexto actual–, están ante el desafío de recuperar el derecho a pensar y actuar libremente y con responsabilidad; y a enfrentar con valentía el miedo. “No debemos seguir el juego del amedrentamiento y de la autocensura. También asegura que en esta época el periodismo exige –más que nunca– mayor responsabilidad respecto al poder como periodista y al poder como medio de comunicación y que ésta debe estar vinculada a la seriedad y profesionalismo ante lo que está ocurriendo.

Otro aporte a este análisis le corresponde a Susanne Käss, representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), quien asegura que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en una sociedad. “Sirven de intermediario entre el sistema político y los ciudadanos y, por consiguiente, su deber de informar adquiere alta importancia. Pero su labor va más allá. Cumplen una función de guardián de la democracia, fiscalizando el trabajo de los gobiernos. En Bolivia, esta función de guardián en la actual coyuntura es de especial importancia porque el partido de gobierno tiene amplia mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de esta manera el poder de fiscalización de la oposición parlamentaria es muy limitado”, explica.

El análisis acerca de los procesos de democratización en los países de la región tiene que ver con la creciente incidencia de los Medios de Comunicación (MC) tanto en el ejercicio de la representación política (el derecho a participar) como en el debate público (el derecho a oponerse). Y es que en el recurrente debate acerca de la forma (qué democracia) y el grado de gobierno (cuánta democracia), los medios de comunicación (masivos e interactivos) llegaron para quedarse.

Evo y los Medios

Desde la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder político, las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación no siempre fueron de las mejores. El 22 de enero de 2006, en su acto de posesión como Presidente de Bolivia, Evo Morales dijo: “Estamos sometidos por algunos periodistas y medios de comunicación a un terrorismo mediático, como si fuéramos animales, como si fuéramos salvajes”. Este panorama conflictivo se mantuvo inalterable en el denominado “proceso de cambio”, el Presidente en varias ocasiones cuestionó el papel de los medios de comunicación, así por ejemplo en noviembre de 2007 señaló que “algunos periodistas, aunque no todos, mienten al país”.

Normas Vigentes

Analizar la situación de los medios de comunicación en Bolivia permite hacerse una idea de las relaciones de poder que lo determinan, y de la sociedad en general. En la mayoría de los países de Latinoamérica se ve un sistema comunicacional con alta concentración en base a monopolios de la información y escasa presencia de medios públicos, que además de indicar una excesiva centralización y la inexistencia de pluralidad de voces, revelan un Estado débil, y que un grupo o sector capitalista acumula una enorme porción de poder.

La Constitución reconoce el derecho de los bolivianos a la “libertad de pensamiento” (art. 21, 2), a “expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” (art. 21, 5), a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva” (art 21, 6). En el capítulo séptimo dedicado a la comunicación social, establece en su art. 106 que el Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, opinión, información, rectificación y réplica; el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio, sin censura previa. Garantiza esos derechos a los trabajadores de la información. Reconoce además la libertad de conciencia de estos.

En alusión a los ataques gubernamentales a los diarios Página Siete y El Deber, a la red ERBOL y a la Agencia de Noticias Fides (ANF) y a tiempo de  analizar la situación de la prensa y la libertad de expresión en Bolivia, el expresidente Carlos D. Mesa Gisbert sostiene que “La idea del ‘cártel de la mentira’, a fuerza de ser repetida, se convierte en una estrategia de demolición. El Gobierno está detrás de la demolición de los medios que considera de la oposición”.

Sin duda, todos los aspectos del gobierno se ven facilitados por la existencia de Medios de Comunicación sólidos e independientes en una sociedad. Por ello  es indispensable que los periodistas tengan la libertad de supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública. Los medios independientes son una señal que se debe seguir cuando no se tiene nada que esconder, los medios permiten a la población realizar controles y evaluaciones continuos de las actividades del gobierno, y proporcionan un foro de debate para contribuir a dar voz a las preocupaciones públicas. Para que los medios sirvan el interés público, los gobiernos tienen que proteger la independencia de su funcionamiento y permitir la expresión de diversos puntos de vista en la sociedad.

Mesa añade que “la democracia ha sido diseñada para limitar al poder y por lo tanto la tarea de los periodistas y del periodismo es limitar al poder; es mucho más comprensible un periodismo no de oposición, sino un periodismo crítico, un periodismo de denuncia, un periodismo que ponga en evidencia los excesos del poder, que un periodismo complaciente”.

Al menos 12 normas nacionales e internacionales garantizan el trabajo de los periodistas en Bolivia. Diferentes artículos de normas como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución Política del Estado y de la ley de Imprenta que garantizan el ejercicio periodístico.

  • La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 19 reivindica “el derecho de las personas a la libertad de opinión y expresión”.
  • La segunda es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protege el derecho para expresar opiniones e ideas.
  • La tercera es la Convención Americana sobre Derechos Humanos que resguarda el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión sin previa censura, con respeto a los derechos y la reputación de los demás, el derecho a rectificación o respuesta para personas afectadas por informaciones inexactas o agravantes.
  • La cuarta es la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA, que instruye a los Estados a garantizar el acceso a la información; que la censura previa debe estar prohibida por ley, que todo comunicador tiene derecho a la reserva de sus fuentes y que las leyes de privacidad no deben restringir la investigación.
  • La quinta es el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra que incluye medidas de protección a periodistas.
  • Dentro de las normas nacionales que protegen la labor periodística está la misma Constitución que reconoce la vigencia de tratados internacionales vinculados a los derechos humanos.
  • La séptima es la Ley de Imprenta de 1925 que garantiza que el secreto de la fuente es inviolable y quien lo revelare es responsable como delincuente; y que en ningún caso podrá decretarse la clausura de una imprenta.
  • La octava es la Ley Contra el Racismo que en su artículo 16 establece que el medio de comunicación que publicare ideas racistas será pasible a sanciones económicas.
  • La novena es el reglamento de dicha norma, Ley Contra el Racismo.
  • La décima es el Código Penal que establece delitos contra la libertad de prensa, cuya sanción llega a tres años por impedir la libre emisión del pensamiento.
  • La undécima norma es el Código Civil que garantiza el derecho a la imagen, al honor y la intimidad;  la inviolabilidad de las comunicaciones y papeles privados.
  • La duodécima es el mismo Código de Ética de la (ANP). Esta inculca que la veracidad de la información debe ser la primera condición imprescindible para su publicación.

La Ley de Imprenta, aprobada en 1925, cuyo primer artículo dice que todos tienen derecho a publicar sus pensamientos por la prensa, sin censura, es un instrumento que se ocupa de los delitos de imprenta cuya responsabilidad recae sobre los autores directos (los periodistas), los directores de medios y los editores de impresos. Pero comienza por afirmar que el secreto en materia de imprenta es inviolable y que aquel que revelare el secreto de imprenta es responsable, como delincuente, contra la fe pública.

El artículo 296 del Código Penal Boliviano señala que “será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de treinta (30) a doscientos (200) días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso”.

Pero ¿Quién controla los medios de comunicación en Bolivia?

Según una publicación de Ricardo Bajo H. y Pascual Serrano, “no existe una predominante prensa nacional por lo que es importante atender a los diferentes departamentos. El periódico de más venta y prestigio es El Deber de Santa Cruz, buque insignia del conglomerado propiedad de la familia Rivero, una burguesía tradicional de los medios de comunicación. Los Rivero poseen también acciones en la televisión PAT (Periodistas Asociados de Televisión). El Deber de Santa Cruz, junto a una parte de la televisión PAT, conforman el Grupo Líder integrado también por 9 diarios (entre ellos, La Prensa de La Paz, El Alteño de El Alto, Los Tiempos de Cochabamba, El Nuevo Sur de Tarija, El Correo de Sucre y El Norte de Montero y El Potosí de Potosí), dos radioemisoras y dos canales de TV más servicios corporativos de impresión y edición”.

El segundo grupo relevante (tras el Grupo Líder) es el español Prisa, cuya cabecera más destacada es La Razón de La Paz. Aunque no forma parte, sí reproduce reportajes especiales del denominado Grupo de Diarios de América (GDA), una agrupación de periódicos latinoamericanos que comparten una clara línea de derechas. El grupo Prisa. Los intereses del grupo Prisa en Bolivia están inevitablemente ligados a los grandes grupos económicos españoles (Repsol, BBVA, Iberdrola…) con quien comparte importantes compromisos empresariales. En la medida en que las políticas de Morales se han manifestado en defensa de la propiedad boliviana de los hidrocarburos o de los sistemas de pensiones, se ha granjeado la oposición del grupo español como bien se refleja en sus medios. Ya anteriormente, La Razón se situó al lado de los presidentes neoliberales (desde Jorge “Tuto” Quiroga a Gonzalo Sánchez de Lozada, “Goni”). La propiedad de Prisa sobre La Razón se remonta a la amistad que unía a su anterior dueño, Raúl Garafulic, que fue embajador del dictador Hugo Banzer en Madrid, donde precisamente conoció y entabló fuerte amistad con Jesús de Polanco, lo que sirvió posteriormente para que Prisa comprara el grupo Garafulic. Prisa vendió en 2007 a un empresario cruceño El Nuevo Día de Santa Cruz y mantiene en el occidente del país El Extra.

Es nutrida y diversa la discusión acerca de los mecanismos más “apropiados” para lograr que los medios de comunicación contribuyan con información de calidad al diálogo plural y la deliberación informada en democracia. Y es amplia la experiencia en este campo. En tal escenario, quizás el reto principal radique en situar el análisis de los principios y normas para la acción mediática desde el ámbito de su interacción con la democracia, sus instituciones, sus procesos y sus actores.

*José Luis Choque C.

Periodista de la ciudad de #ElAlto