La Paz, 25 oct — El exministro y hombre fuerte del régimen de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, escuchará la lectura de su sentencia íntegra en una audiencia programada por la Corte Federal de Miami, Estados Unidos para el próximo 4 de enero de 2023.
“La audiencia de sentencia de Murillo está fijada para el 4 de enero. Este es un paso importante hacia la justicia para Bolivia”, escribió el abogado Thomas Becker en su cuenta de Twitter.
El hombre fuerte del gobierno de Áñez se declaró culpable, el pasado 20 de octubre, por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, en el país del norte.
Se prevé que en la nueva audiencia de sentencia sea condenado hasta 10 años de prisión, según información del Departamento de Justicia estadounidense.
Becker es abogado de las víctimas y considera que esta sentencia será un paso importante para Bolivia, sin embargo, también pidió que la justicia llegue a las familias de las víctimas, “incluidos los caídos y heridos en Sacaba y Senkata”.
En 2019, al amparo del Decreto 4078, conocido como el “Decreto de la Muerte”, las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron a civiles desarmados que reclamaban respeto a la democracia.
Las fuerzas militares y policiales irrumpieron con violencia en las movilizaciones contrarias al régimen de Áñez provocando violencia extrema que desencadenó en las masacres de ciudadanos desarmados en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba.
Esta ola de violencia desmedida causó la muerte de 38 personas en noviembre de 2019. Además de miles de perseguidos, detenidos injustamente o torturados, según develó el informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI -Bolivia).
Soborno y lavado de dinero en EEUU
Murillo, ni bien se hizo del poder, adquirió un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, pero a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). Esta empresa pagó a la brasileña Cóndor $us 3,3 millones por un lote de material antidisturbios que luego lo vendió al Estado boliviano en $us 5,6 millones.
El sobreprecio de $us 2,3 millones fue transferido a cuentas en Estados Unidos para beneficio del exministro y sus cómplices.
A finales de 2020, el exministro de facto huyó a Estados Unidos para evadir a la justicia; sin embargo, en mayo de 2021, fue aprehendido y encarcelado a la espera de su juicio, acusado de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero.
En junio de este año, el juez de Distrito del sur de Florida, Paul Huck, sentenció a los cuatro cómplices confesos del exministro.
ABI