El Alto, 29 ene.- Ante el conflicto social que atraviesa la ciudad de El Alto, por observaciones al servicio de transporte publicó por prácticas de trameaje y cobros irregulares; el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, enfatizó la disposición de la institución para coadyuvar en los procesos de diálogo y mediación, con el objetivo de contribuir a la paz social, la prevención de hechos de violencia y la protección de los derechos de la población alteña.
“La Defensoría del Pueblo tiene la disponibilidad de generar espacios de diálogo y de consenso (…) no se pueden resolver los problemas de manera violenta o con escenarios de confrontación, sino más bien, se debe tratar de generar espacios de diálogo. Para ello, es importante que las partes tengan la disposición de conversar”, señaló Callisaya, al exhortar a las autoridades municipales, dirigentes del transporte y juntas de vecinos a priorizar el entendimiento y la concertación.
El Defensor del Pueblo, manifestó su preocupación por la afectación que se genera de manera directa a la población usuaria del transporte público, particularmente a sectores en situación de vulnerabilidad como personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, quienes dependen diariamente de este servicio.
En las últimas semanas, vecinas y vecinos de distintas zonas de la urbe alteña se movilizaron e instalaron puntos de bloqueo en protesta contra sindicatos de transporte público por incumplir rutas y aplicar cobros excesivos. Asimismo, en las últimas horas, el Concejo Municipal de El Alto, anuló el incremento transitorio de pasajes aprobado tras la eliminación de la subvención a los combustibles.
La Defensoría del Pueblo, mediante su Oficina Regional en la ciudad de El Alto, abrió un caso y realizó verificativos en los distintos puntos de conflicto, con el objetivo de recoger las preocupaciones de la población y promover salidas institucionales en el marco del respeto a los derechos humanos. Asimismo, instó al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) a atender de manera oportuna las demandas ciudadanas y a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del servicio de transporte público.
Cabe recordar que el acceso a un transporte público digno y con tarifas justas, forma parte del derecho a la movilidad, por lo que corresponde a las instancias competentes garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y establecer los mecanismos efectivos de control que eviten prácticas irregulares como el trameaje.
La Defensoría del Pueblo, recuerda a la población que se encuentran habilitadas la Línea Gratuita 800-10-80-04, el número de WhatsApp 72039523 (El Alto) y el sitio web https://sisdp.defensoria.gob.bo/SSP_Violencia para el registro y la atención de denuncias por presuntas vulneraciones a derechos humanos.
UCOM/UCREA