El Alto, 13 mar. – Claudia Bilbao, secretaria general de la Asociación de Empresas Constructoras de la ciudad de El Alto, denunció el miércoles que la Alcaldía de El Alto adeuda 27 millones de bolivianos a 90 empresas por la edificación de aulas, aceras, sedes sociales y otras obras.
Añadió que el sector solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) intervenir en el conflicto, además advierten con iniciar un proceso civil y penal contra la alcaldesa Soledad Chapetón por incumplimiento de deberes.
‘Son obras entregadas, concluidas al cien por ciento de las gestiones 2017 y 2018, el Municipio nos adeuda 27 millones de bolivianos y lo que pedimos es que esta deuda ingrese al POA Reformulado I. Nosotros hemos enviado notas a la Contraloría General del Estado, Viceministerio de Economía, Viceministerio de Transparencia y vamos a iniciar un proceso civil y penal contra la Alcaldía por incumplimiento de deberes», dijo Bilbao.
Al respecto, el concejal Juanito Angulo, presidente de la Comisión Jurídica, señaló que en el informe oral brindado por el Secretario Municipal de Desarrollo Territorial Alex Torrez informó que el Ejecutivo garantizara en el POA I un presupuesto de 5.3 millones de bolivianos para el pago de 60 obras de las 96 empresas constructoras ; asimismo, dijo que se están gestionando otros 23 millones de bolivianos del FNDR.
«Hemos planteado que se reduzca el presupuesto destinado a fortalecimiento institucional, el año pasado se destinó más de 150 millones de bolivianos, creemos que eso no es prioridad; lo importante es cumplir con las empresas que advierten con iniciar procesos legales y eso tendría efectos negativos en el Municipio porque se congelaría las cuentas de la Alcaldía… mi persona sugirió al Ejecutivo reducir el presupuesto de fortalecimiento institucional, personal para cumplir con el pago a las empresas constructoras», señaló Angulo.
Por su parte, la alcaldesa Soledad Chapetón informó que el presupuesto adeudado a las empresas constructoras será inscrito en el POA Ajustado I y justificó el retraso de planillas por el proceso administrativo. «Es importante aclarar que la administración pública tiene normas que cumplir, una obra no comienza en enero, de ser así el único perjuicio que tendrían son las lluvias para parar la obra. Fiscalización supervisa que en tiempo concluye la obra y varias de las empresas que están en la medida de protesta piensan que la Alcaldía debió guardar esos recursos y volverlos a inscribir al POA Inicial, si tenemos inscrito un proyecto en el 2018 y concluye en diciembre es imposible inscribirla. No a todas las empresas se les adeuda la totalidad y vamos a inscribir todas las planillas con deudas en el POA Ajustado I», aseguró.