La Paz, Sep. 7 – El ministro de Gobierno, Carlos Romero, identificó a los mineros cooperativistas Carlos Mamani Copa, Freddy Cruz Colque, Eloy Valdivieso Choque, Josué Caricari Quecaña, Agustín Choque Jallasa, Miguel Ferrel Camacho y Ever Jhonny Carvajal Peláez, además del asesor jurídico Roberto Lara Durán, como los presuntos responsables del cruel asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, sucedido el pasado 25 de agosto en el cerro Pucara del municipio de Panduro (La Paz).
Romero hizo esa revelación ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) donde la autoridad acudió, junto con su colega de Minería, a responder un pliego interpelatorio sobre los enfrentamientos entre el gobierno y mineros cooperativistas, y su desenlace fatal con la muerte de Illanes y de cinco mineros. “Estos deben recibir la máxima sanción por el asesinato cruel del viceministro Illanes, y la justicia debe dirigirse hacia esas personas; pretender desviar el debate es encubrir a los partícipes directos del asesinato”, sostuvo.
Asimismo, el titular de Gobierno informó que el presidente Evo Morales conocía de un operativo policial, que finalmente no se realizó, para rescatar al viceministro Illanes de sus secuestradores, quienes lo asesinaron a golpes, la tarde del 25 de agosto.
Durante su intervención, la autoridad afirmó que los dirigentes cooperativistas incumplieron el compromiso mutuo que hicieron con el gobierno, el mismo que incluía el repliegue de la Policía del lugar de las movilizaciones, accionar una vía judicial sumarísima para liberar a los mineros detenidos la liberación de detenidos en Cochabamba y la entrega de las movilidades de los mineros que no fueron remitidas a la Fiscalía. A cambio, los cooperativistas aceptaron instalar el diálogo con el gobierno y, sobre todo, garantizaron la seguridad del viceministro Illanes.
De manera cronológica, Romero relató cada una de las acciones desplegadas durante el 25 de agosto. Precisó que en el primer contacto telefónico con los secuestradores, a las 10:40, pidió respeto y garantías a la integridad física del Viceministro, obteniendo el compromiso de parte de los dirigentes cooperativistas.
Las negociaciones derivaron en que la Policía no avance, cancelar las acciones de desbloqueo, que los efectivos asuman una posición estática y de apronte, y que los mineros envíen a sus abogados para activar una vía judicial que permita la libertad de los detenidos. Esto último no pudo concretarse debido a que los abogados no llegaron nunca.
“Se realizan otras gestiones, como el intento de mediación con corregidores de la zona, la intervención de Cruz Roja Internacional y del Alto Comisionado de Naciones Unidas. A las 13:50 (del 25 de agosto), el Comandante General de la Policía reporta que se distribuirá alimentos a los policías y se procede a eso. Mientras los policías se sientan a almorzar, los cooperativistas empiezan a bajar y lanzar dinamita en una clara provocación. El Comandante les hace escuchar la instrucción de repliegue, todo eso a las 14:38”, informó Romero al puntualizar que el gobierno activó todos los recursos para cuidar la seguridad de Rodolfo Illanes.
Trasfondo político
En otra parte de su intervención ante el pleno legislativo, el titular de Gobierno señaló que el rechazo a la ley que modifica la Ley de Cooperativas sólo fue un pretexto para ocultar el propósito de algunos cooperativistas-patrones, para que el Estado les permita privatizar las concesiones mineras.
“El trasfondo era privatizar las minas, los ideólogos son Jaime Zambrana, Freddy Ontiveros, Ramiro Paredes”, denunció Romero al sostener que en la movilización de los cooperativistas estuvieron presentes intereses transnacionales por el intento de preservación y ampliación de contratos de asociación con empresas privadas nacionales y extranjeras.
“El pretexto para la movilización fue la modificación de la Ley de Cooperativas, pero el trasfondo pretendía violentar la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Minería, para firmar contratos de riesgo compartido para la privatización de las concesiones mineras, contraviniendo la CPE, que establece que los recursos naturales son de propiedad del pueblo. Estos principios no se podían lograr en reuniones formales, había que desestabilizar e imponer por la fuerza medidas de esta naturaleza”, subrayó.
Romero reafirmó el compromiso del gobierno de llevar adelante con firmeza la aplicación de los últimos decretos supremos, para reconducir el sector cooperativo, rescatando a las verdaderas cooperativas, y decantar a quienes se escondieron detrás de éstas para favorecer a empresas extranjeras. “El diálogo siembre estará abierto, porque es una metodología cotidiana del gobierno, pero pedimos públicamente entregar a los asesinos de Illanes para permitir dar un salto cualitativo en el sector”, dijo.
Al final de la interpelación, más de dos tercios de los miembros presentes en la sesión de la ALP votaron por el Orden del Día Puro y Simple, que no produce efecto alguno, según establece el Reglamento General de la Cámara de Diputados, norma que rige para las reuniones de la Asamblea Legislativa.
FUENTE: Prensa Diputados
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