La Paz, 7 Oct. (El Cambio).- El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción remitió a la Fiscalía 12 casos de policías por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración jurada de bienes, entre quienes se cuentan seis excomandantes departamentales, informó Lenny Valdivia, titular de esa cartera de Estado.
“Por primera vez, (el Ministerio de Transparencia) verificó las declaraciones juradas de bienes y rentas de 35 oficiales de la Policía Boliviana y como resultado hemos remitido al Ministerio Público un total de 12 casos, denuncias de presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión en la presentación de declaración jurada de bienes y rentas”, dijo.
Explicó que de los 12 casos, seis comprometen a excomandantes departamentales y el resto a oficiales que ejercieron el cargo de jefes de unidades.
En esos casos, indicó que su despacho se constituyó en parte coadyuvante y perseguirá el delito siempre y cuando la Fiscalía “haga su trabajo”.
Sostuvo que en esta gestión se promovió la aprobación del Decreto Supremo 2528, que establece que a partir de enero de 2016 los oficiales de las FFAA, así como generales, jefes y oficiales de la Policía, deberán prestar su declaración jurada de bienes y de rentas anualmente, en el mes de su nacimiento.
Además, los suboficiales, sargentos y empleados civiles de las FFAA y los suboficiales, sargentos, cabos y policías de la Policía Boliviana deberán prestar su declaración a partir del 1 de enero de 2017 por razones de modernización tecnológica.
Ley contra la corrupción
En Bolivia, la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 31 de marzo de 2010, tiene como objetivo establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y exservidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes.