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La Paz, 12 jul– La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó este lunes un proyecto de ley para garantizar una protección integral mediante la dotación de un subsidio alimenticio, becas, empleo y vivienda social para niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad por la muerte de su padre o madre o de ambos, como consecuencia del COVID-19.
“El proyecto de ley elaborado por la institución defensorial incluye, entre varias medidas, la creación del ‘subsidio de asistencia al desarrollo nutricional’ que consiste en la entrega de un paquete de productos alimenticios en especie, cada uno equivalente a 300 bolivianos, a niñas y niños hasta los dos años de edad; otorgar becas, apoyo y seguimiento pedagógico para garantizar la permanencia escolar, y que el Ministerio de la Presidencia dote equipos tecnológicos y material educativo. También, se propone que las universidades públicas otorguen becas anuales de ingreso, apoyo académico, permanencia, trabajo y otras medidas vigentes hasta los 25 años de edad”, se lee en un comunicado de la institución.
Cruz comunicó que la propuesta fue presentada hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional y consiste en la entrega de un subsidio alimenticio a menores de dos años, además de becas escolares y universitarias. Se propone acceso a empleo, estabilidad laboral y una vivienda social para quienes tengan la tutela del huérfano.
Según Cruz, este proyecto responde a la preocupación que existe frente a los efectos inmediatos que está dejando la pandemia, que además del número de contagios y muertes por el virus, está el aumento de la violencia en los hogares, la desventajosa situación económica, la falta de empleo, el cierre de escuelas, la falta de acceso universal a servicios básicos y otros que repercute en la niñez y adolescencia.
Manifestó que es importante y necesario que el Estado intervenga con medidas reforzadas para garantizar y asegurar el bienestar y el cuidado de esta población, más aún cuando se encuentran en un estado de desprotección y mayor vulnerabilidad por la pérdida de sus padres o madres o de los dos progenitores por causa de la COVID-19.
Esta propuesta plantea que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social implemente planes y programas para la inserción laboral para hijas e hijos jóvenes, hasta los 25 años de edad, cuyos progenitores hayan fallecido por el coronavirus; asimismo, este beneficio alcance a quienes estén, legalmente con la tutela hasta que éstos cumplan los 18 años.
La Defensoría del Pueblo propone que el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda implemente planes y programas de vivienda social digna y adecuada para este sector hasta que cumplan 25 años, con un enfoque infantocéntrico que garantice que la titularidad de las viviendas se consolide en su favor.
Además, propone que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se haga cargo de realizar un registro oficial de la cifra de niñas, niños y jóvenes en situación de orfandad.
La propuesta normativa considera que es necesario contar con un bono económico que debe ser analizado en términos de monto, beneficiarios y sostenibilidad por el Órgano Ejecutivo, considerando el interés superior del niño y la situación económica del país.
La normativa pone a consideración otros aspectos que pueden ser revisados a detalle en el siguiente enlace. https://drive.google.com/file/d/1zWmeJxci4b4G7L54b0Bu2qWZVIU_x5Rf/view
ABI