La Paz, 1 Sep. — El Gobierno aprobó el jueves, mediante un decreto, la reversión de las áreas y concesiones mineras de los cooperativistas que estén arrendadas a empresas privadas, junto a otras dos normas que están orientadas a garantizar el desarrollo de la actividad productiva en ese sector.
«El gabinete ha emitido el primer decreto donde de manera expresa revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido arrendamiento y subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras», informó el ministro de Minería, César Navarro, en conferencia de prensa.
De acuerdo con una declaración anterior del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el país están vigentes 31 contratos suscritos con empresas privadas cuya duración es de 25 años y en casos indefinida.
Mientras que el El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe, informó el 26 de agosto que actualmente existen siete contratos suscritos entre cooperativistas mineros con empresas privadas, nacionales y trasnacionales.
Navarro manifestó que un segundo decreto, aprobado en el gabinete extraordinario reunido esta jornada, otorga la facultad al Ministerio de Minería y Metalurgia, al Viceministerio de Política Minera y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de verificar y revertir las áreas de las cooperativas mineras que no tengan actividad.
«Esa facultad nos va a permitir hacer una verificación de cientos de áreas dispersos en varios departamentos del país y estas áreas tienen que estar debidamente explotadas y tiene que haber actividad minera, pero si no existe actividad minera en áreas que están ya sea como concesión y contrato administrativo mineros serán revertidas al Estado boliviano», mencionó.
El tercer decreto, señaló que da faculta a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, para que se constituyan en agentes de control y fiscalización de todas las cooperativas mineras del país.
Manifestó que esa fiscalización estará marcada y regida por los principios del cooperativismo minero.
Indicó que ese decreto obliga a las cooperativas a presentar el número de asociados de manera periódica a la Central Obrera Boliviana (COB), brindar información sobre el volumen y valor de producción que tienen en el país, para tener un detalle de la distribución de los ingresos y excedentes de las cooperativas.
«Estos elementos tienen que ser presentados el 31 de enero de cada año incluido el balance de estados financieros de cada año, la nómina actualizada de asociados, del personal administrativo y personas que coadyuvan en la actividad productiva», precisó.
El Ministro de Minería y Metalurgia dijo que «si la autoridad administrativa, luego de las verificaciones de la documentación, logra establecer que una cooperativa no cumple con los requisitos podrá recomendar que esta cooperativa pueda cambiar de manera obligatoria a su condición de empresa».
Aseguró que lo que buscan esos tres decretos es que las cooperativas mineras, aquellas que son «verdaderas», tengan toda la seguridad y certeza de que van a seguir desarrollando sus actividades en el marco de la Ley de Minería y Ley de Cooperativas, pero aquellas que están «camufladas» como cooperativas mineras y son prácticamente «empresas explotadoras de hombres» no tendrán esa condición.
Las tres normativas fueron aprobadas a una semana de los luctuosos hechos suscitados en Panduro, donde murió el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en medio del conflicto de los cooperativistas, además se lamentó la baja de tres mineros.
ABI