La Paz, 15 Oct. (ABI).- El procurador general del Estado, Héctor Arce, consideró que el Gobierno de chileno de Michelle Bachelet debe hacer «cambios profundos y serios» para afrontar la fase de fondo del proceso de la demanda marítima boliviana instaurada contra ese país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en 2013.
«Ellos (Chile) necesitan hacer cambios profundos, cambios serios; la derrota que han sufrido más allá del orgullo que quiere mostrar hacia fuera tiene nomás que hacerles ver la realidad», dijo el Procurador al ser consultado sobre la incorporación al equipo chileno del periodista Ascanio Cavallo, el historiador Joaquín Fermandois y el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, para contrarrestar la causa marítima.
Ayer, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, presentó a los tres nuevos integrantes que tienen la misión de reforzar los argumentos comunicacionales, históricos, jurídicos y políticos de la posición chilena ante la próxima presentación de la contra memoria de ese país.
Según Arce, Chile entra «derrotado» a la fase de fondo del proceso de la demanda marítima, por lo que -a su juicio- «tiene las más altas posibilidades de sufrir una gravísima derrota, mucho más grave la que han sufrido en el proceso Perú- Chile».
«Por lo tanto, Chile está en una situación tremendamente desventajada y Bolivia está entrando con una victoria de respaldo», aseguró en entrevista con la televisora Red Uno.
En 1825, Bolivia nació a la vida independiente con una costa de aproximadamente 400 kilómetros sobre el océano Pacífico. 54 años después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el territorio del departamento de Litoral, desde entonces privó al país de un acceso soberano al mar y de un territorio de al menos 120.000 kilómetros cuadrados.
En 2013, Bolivia sentó a Chile ante La Haya, en busca de un «diálogo sincero» para resolver la demanda marítima boliviana.
Chile había objetado en 2014 la competencia de la CIJ para conocer la demanda marítima boliviana, y después de 14 meses, ese tribunal internacional rechazó ese recurso interpuesto por La Moneda.