Santa Cruz, 19 may — El Gobierno del presidente Luis Arce decidió pedir al Vaticano “los antecedentes” de sacerdotes que lleguen en misión a Bolivia, anunció este viernes su vocero, Jorge Richter.
“Es esta una medida preventiva, y la vamos a comunicar (a la Iglesia Católica) porque se va a solicitar los antecedentes de cada uno de estos religiosos, sobre todo de extranjeros, que lleguen al país”.
Bolivia tiene relaciones de Estado a Estado con el Vaticano, que es la sede administrativa de la Iglesia Católica y desde donde se dispone el envío de misioneros a todo el mundo.
La Iglesia Católica española casi como una norma —entre 1960, 1970 y 1980, con casos ya comprobados— mandó a Bolivia, y América Latina, a miembros implicados en actos sexuales ilícitos y uno con condena.
Muchos sacerdotes acusados por pederastia llegaron al país en un mecanismo que aplica la Iglesia y que les permite “rotar a los denunciados”.
Mencionó al sacerdote jesuita español Luis To, quien fue enviado por la Compañía de Jesús de España a Bolivia, a la ciudad de El Alto, tras haber cometido una violación a una niña de 8 años en el país europeo.
Richter señaló que la propia institución Católica generó que el país tome la “determinación” de exigir antecedentes, más allá que es acción “les caiga mal”.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ya había adelantado que el Gobierno estudiaba un mecanismo similar al “beneplácito” que se aplica en el servicio exterior para aprobar o rechazar el ingreso de sacerdotes de la Iglesia Católica enviados a Bolivia.
Prada dijo entonces que con ese mecanismo diplomático se evitará que sacerdotes con denuncias por delitos sexuales cometidos en otros países lleguen al país y lo “conviertan en basurero de violadores”.
Fue el primer mandatario quien instruyó a los ministerios de la Presidencia y Relaciones Exteriores trabajar en una normativa de prevención como el que rige en el ámbito diplomático.
Prada dijo que el jefe de Estado viene tomando “decisiones históricas” respecto a lo que es la protección de la niñez y recordó que el Ejecutivo envió al Legislativo el proyecto de ley que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación a niñas, niños y adolescentes.
El proyecto de ley de lucha fue redactado por el Gobierno antes los hechos “aberrantes” cometidos por el jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde él fue director por más de una década.
El propio Pedrajas confesó en su diario íntimo los violaciones y abusos sexuales que cometió.
El proyecto de ley plantea la imprescriptibilidad del delito que se comete contra los infantes.
El artículo dos de la iniciativa señala que “son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el título onceavo de los delitos contra la libertad sexual del Código Penal elevado a rango de ley, por la Ley 1768 cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes”.
El Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez, planteó, por su parte, revisar, vía ministerios de Relaciones Exteriores y Educación, el “estatus” que tiene la católica Compañía de Jesús en Bolivia.
Los agresores sexuales, todos sacerdotes, suman una quincena, de acuerdo a investigaciones periodísticas que surgen desde diferentes puntos del país y España desde que el pasado 30 de abril el periódico País de Madrid publicará el diario personal del jesuita violador Alfonso Pedrajas, quien falleció en 2009, cuyas atrocidades en Bolivia recorren el mundo.
Alto rango
El Vocero Presidencial recordó que Alejandro Mestre Descals es el sacerdote de más alto rango acusado de pederastia en Bolivia.
El misionero, fallecido en La Paz en 1988, es el sexto de la orden procedente de España señalado en el país como pederasta.
De acuerdo con el Anuario Pontificio de 1987, la Librería Editrice Vaticana, también de 1987, y el Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Mestre Descals fue Obispo Auxiliar de Sucre entre 1976 y1982, Arzobispo Coadjutor de La Paz de 1986 a 1987 y secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana.
El religioso, quien nació en Valencia, España, el 12 de diciembre de 1912, ha sido denunciado por abusar de menores durante su tiempo en el país.
Durante seis años fue el gran colaborador del cardenal José Clemente Maurer, señala el Anuario Pontificio de 1987.
Las acusaciones no solo han generado indignación entre las víctimas y la sociedad civil sino que también han puesto en duda la política de la Iglesia Católica en su manejo de los casos de abuso.
Y la situación empeora y cada día surgen denuncias de diferentes puntos del país
Esta es la primera vez, sin embargo, que un líder religioso de la jerarquía española es acusado de tal crimen y ha causado gran conmoción en la Iglesia Católica.
ABI