El Alto, 14 Feb. — Las alcaldías de El Alto y La Paz rechazan que el Gobierno Central «imponga» por ley el pago de un bono mensual de Bs 250 a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que no se tienen los recursos económicos suficientes para atender a la población.
La posición se dio a conocer después de que el presidente Evo Morales envió ayer un proyecto de Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad a la Asamblea Legislativa, donde ratificó el pago de un bono mensual de 250 bolivianos para personas con discapacidad graves y muy graves a cargo de las alcaldías municipales.
La norma también obliga al sector público contratar hasta un 4% de su planilla administrativa a personas discapacitadas, mientras que el privado en un 2%.
El concejal alteño Óscar Huanca (UN) mencionó que esta ley será de mucho beneficio para las personas con discapacidad; sin embargo, observó que los recursos tengan que provenir de las alcaldías, pese a que el Gobierno redujo sus presupuestos.
“El Gobierno nos da con una mano y nos quita con la otra, y de esa manera sigue mermando los recursos que tiene cada Gobierno Municipal. En el caso de El Alto, el 2015 recibimos 313 millones de bolivianos por el IDH; el 2016 se rebajó a 177 y para este año bajó a 121 millones de bolivianos, de los cuales el 30% ya está destinado para el pago de la Renta Dignidad”, explicó Huanca.
Según la autoridad, de aprobarse el proyecto de ley, para la Alcaldía alteña significaría la derogación de al menos 450 mil bolivianos mensuales, puesto que en esta ciudad están registradas más de 1.800 personas con discapacidad.
“Toda ley debe ser acatada, pero esperemos que el Gobierno considere que los municipios no podemos asumir cargas sociales de esa naturaleza”, sostuvo.
Por otro lado, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, cuestionó la decisión del Gobierno central de pretender, a través de una ley, que los municipios financien el bono y pidió que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) se reúnan para tratar el asunto.
“Para el Gobierno no hay dinero, pero resulta que los municipios sí, es una contradicción por supuesto, yo lamento profundamente que el Gobierno intente resolver estas demandas, que están dirigidas a ellos, con plata que no es de ellos. Es fácil hacer política con plata ajena”, enfatizó Revilla al detallar que el Gobierno administra el 85 por ciento de todo el presupuesto general del país, y los municipios y gobernaciones sólo el 15 por ciento.
El ministro de Economía, Luis Arce y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguraron que los gobiernos municipales tienen capacidad de pagar el bono de Bs 250 a las personas con discapacidad y les recordaron que el 2016 apoyaron e incluso financiaron las protestas de esta población.
«Nosotros hemos visto que existe la capacidad de pagar el bono. Si no habría la capacidad no nos hubiéramos animado a darles esta responsabilidad. Esto es fundamentalmente para los grandes municipios donde hay recursos», refirió el Ministro de Economía.
A ello, el concejal alteño Juanito Angulo (MAS) mencionó que la Alcaldía alteña está en las posibilidades de cancelar el bono, dado que se tienen recursos en cajas y bancos sin ejecutar. Además, denunció que la Comuna no cumple con la inserción laboral de las personas con discapacidad (4%), como establecen las normas.
«El pago de la renta es para aquellas personas con discapacidad grave y muy grave, y en El Alto se tienen unas 100 personas con ese grado de impedimento físico; el dinero saldrá de los recursos que no se ejecutaron en 2016 (40%), y por eso, la Alcaldía no debe tener ninguna excusa para evitar pagar el bono de Bs 250 al mes», dijo.