El Alto, 8 oct —El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, aseveró este viernes que la nueva audiencia del exministro de facto, Arturo Murillo, programada para el 8 de noviembre será decisiva porque se debe decidir su situación judicial, ante las denuncias de lavado de dinero y soborno en Estados Unidos.
“(Arturo) Murillo habría renunciado a la audiencia preliminar, que es un derecho que le correspondía, directamente vamos a ir a la audiencia para que se lean los cargos contra esta persona. Esta es una decisión jurisdiccional (…) no va a tener ya postergaciones, sería el 8 de noviembre la fecha final, donde escucharemos qué tipo de actitud asume esta persona, con relación a la inculpación gravísima que tiene sobre sus espaldas”, aseveró Chávez en conferencia de prensa.
Chávez confirmó este viernes que la audiencia del exministro del régimen de facto, que debía realizarse este viernes, fue suspendida a solicitud de su abogada, Ana Davide, por un lapso de 30 días más. Murillo renunció a su audiencia preliminar.
El 8 de noviembre, se hará la lectura de los cargos y el imputado deberá responder si se declara culpable o no.
Añadió que la Fiscalía norteamericana informó que el próximo 13 de diciembre se dará la lectura de sentencia a los cómplices de Murillo, quienes se declararon culpables. Se desarrollarán audiencias secuenciales para cada imputado.
Sergio Rodrigo Méndez M., Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld podrían ser sentenciados de tres a 10 años de prisión, según indicó Chávez.
“Hemos avanzado en ambos casos, (…). Nosotros vemos muy limitadas las posibilidades de Arturo Murillo, de asumir una defensa, ante la contundencia de la prueba y más cuando los cuatro involucrados al declararse culpables incriminan directamente al exministro de Gobierno”, explicó.
Murillo fue exministro y hombre fuerte de Jeanine Áñez, ahora está detenido en la prisión federal de Miami desde mayo de 2021, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos.
Durante el gobierno de facto, se adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, pero a través de una intermediaria norteamericana, se presume que en esta oportunidad se hizo la compra con sobreprecio.
La justicia estadounidense determinó el 9 de agosto una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad; sin embargo, debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza, por lo que continúa en prisión.
ABI