La Paz, 11 sep – Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay coincidieron en lamentar las restricciones impuestas por Argentina a la libre navegación en la Hidrovía Paraguay – Paraná, y demandaron su suspensión. La posición fue tomada luego del embargo e interdicción de salida de una barcaza con destino a Paraguay, cargada y lista para zarpar.
En un comunicado conjunto, los cuatro Estados denunciaron que el peaje impuesto para surcar por la Hidrovía vulnera los convenios entre las cinco naciones.
“Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay lamentan las medidas impuestas por la República Argentina que restringen la navegación en la Hidrovía Paraguay – Paraná, a partir de la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes”, se lee en el documento divulgado por la Cancillería boliviana.
La pasada semana, una barcaza cargada con combustible para el mercado paraguayo fue embargada por las autoridades argentinas, por el pago de unos $us 27.000 de peaje en un tramo de la Hidrovía Paraguay-Paraná que atraviesa Argentina.
En septiembre de 2022, el Ministerio de Transporte de Argentina estableció el cobro de peaje, desde el 1 de enero de 2023, para el tramo norte de la Vía Navegable Troncal de $us 1,47 por tonelada de registro neto.
En el marco de la 49 Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay–Paraná, realizada el 30 de agosto en ciudad de Santa Cruz, los representantes de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay coincidieron en exteriorizar su “grave preocupación” por el cobro de tarifas de peaje para el transporte en el tramo del Río Paraná, comprendido entre el puerto de Santa Fe, y confluencia con el río Paraguay, por lo que solicitaron a Argentina suspenderlo.
Las delegaciones “reconocieron la necesidad de analizar la información adicional proporcionada en el marco del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) y solicitaron nuevamente (a Argentina) suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte argentino y de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra”.
Debido al embargo de la barcaza, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay expresaron “especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y que puede afectar el precio de dicho insumo, lo que representa una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral”.
“Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay reiteran su solicitud a la República Argentina de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte, adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito y se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas a la navegación hasta tanto se resuelva la controversia en el ámbito intergubernamental de la Hidrovía”, apunta el comunicado.
ABI